WASHINGTON.– El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, como parte de una ofensiva para endurecer la política migratoria y frenar el ingreso de extranjeros considerados con riesgo de convertirse en una “carga pública” para el Estado estadounidense.
La medida, confirmada por el Departamento de Estado y adelantada por Fox News, entrará en vigor el 21 de enero y tendrá duración indefinida, mientras las autoridades revisan los procedimientos de selección y verificación de los solicitantes. Según explicó el organismo, la suspensión se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes “no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense”.
De acuerdo con un memorando interno, los funcionarios consulares fueron instruidos a rechazar solicitudes de visas de inmigrante bajo la legislación vigente durante el período de revisión. El objetivo declarado es reforzar los criterios para impedir el ingreso de personas que eventualmente dependan de asistencia estatal.
La suspensión no afectará las visas de no inmigrantes, como las de turismo o negocios, aunque la administración Trump se comprometió a intensificar los controles, incluida la revisión del historial en redes sociales de todos los solicitantes.
En el continente americano, además de Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, la medida alcanza a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. La nómina de países afectados incluye también a Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Somalia y Yemen, entre otros.
Según Fox News, las excepciones a la suspensión serán “muy limitadas” y solo se concederán una vez que los solicitantes superen la evaluación vinculada a la condición de carga pública.
De acuerdo con las cifras oficiales disponibles más recientes, las personas que recibieron más permisos de residencia permanente (“green cards”) en 2023 provenían de México (180.530) y Cuba (81.600).
La decisión se apoya en una interpretación estricta de la llamada cláusula de “carga pública” de la ley migratoria estadounidense, que permite negar el ingreso a personas consideradas propensas a depender de beneficios sociales.
Un cable enviado en noviembre de 2025 a consulados de todo el mundo ya había anticipado el giro, al ordenar la aplicación de reglas más severas para evaluar a los solicitantes. Esos criterios incluyen factores como edad, estado de salud, dominio del inglés, situación financiera, antecedentes de asistencia social e incluso la posible necesidad de atención médica prolongada. El nuevo enfoque permitiría negar visas a personas mayores u obesas, así como a quienes hayan recibido ayudas económicas del Estado o hayan estado internadas en instituciones de salud o de cuidados prolongados.
“El Departamento de Estado utilizará su autoridad histórica para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una carga para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense”, afirmó el vocero del organismo, Tommy Pigott, en un comunicado. “La inmigración desde estos 75 países quedará en pausa mientras se revisan los procedimientos para evitar el ingreso de extranjeros que dependan del sistema de bienestar”, agregó.
Otro aviso enviado el lunes a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos señaló que los solicitantes de visas de no inmigrante deben ser evaluados ante la posibilidad de que puedan solicitar beneficios públicos en Estados Unidos.
“Con el descubrimiento de un fraude de beneficios públicos a gran escala en todo Estados Unidos, el gobierno de Trump está enfocado en eliminar y evitar el fraude en los programas de beneficios públicos”, destacó el cable, que se refería en específico a la mayoría de las solicitudes de visas de no inmigrante.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes cuestionaron duramente la medida y advirtieron que podría generar un “efecto paralizante” entre las comunidades migrantes. Señalan que muchos inmigrantes legales —y la mayoría de los indocumentados— no son elegibles para la mayor parte de los beneficios federales, aunque algunos estados ofrecen acceso limitado a servicios de salud o asistencia alimentaria.
“El resultado probable será que muchas familias inmigrantes tengan miedo de acceder a cualquier beneficio público para el que algún miembro del hogar sea elegible, y renuncien a esos apoyos en momentos de necesidad por temor a afectar futuras solicitudes migratorias”, advirtió Julia Gelatt, directora asociada del programa de política migratoria del Migration Policy Institute.
Desde una mirada más conservadora, Alan D. Viard, investigador principal del American Enterprise Institute, consideró “innecesario” endurecer aún más la aplicación de la cláusula de carga pública. “Incluso los inmigrantes que a primera vista parecen representar una carga fiscal pueden, en realidad, aportar una contribución fiscal neta a largo plazo”, sostuvo en diálogo con The Washington Post.
Según un reporte del centro de estudios Brookings Institution, tras la férreas políticas antiinmigración de Trump, por primera vez en al menos 50 años Estados Unidos registró una migración neta negativa el año pasado. En 2025, el número de emigrantes superó al de inmigrantes.
Es probable que esta tendencia continúe en 2026 y tendrá consecuencias “importantes en la macroeconomía” estadounidense, dice el reporte. Y advierte que una disminución de la inmigración provocará un menor crecimiento del empleo, el PBI y el gasto de consumo.
La cláusula de carga pública existe desde hace décadas, pero su aplicación varió según las administraciones. En 2019, durante su primer mandato, Trump amplió de manera significativa su alcance para incluir una gama más amplia de beneficios sociales.
Esa expansión fue parcialmente bloqueada por los tribunales y luego revertida bajo el gobierno de Joe Biden, que en 2022 había limitado el criterio principalmente a ayudas en efectivo y cuidados institucionales de largo plazo, excluyendo programas como cupones de alimentos, Medicaid o asistencia para vivienda.
Con esta nueva suspensión, la administración Trump vuelve a una interpretación más dura de la norma y refuerza el giro restrictivo de su política migratoria. Trump no ha ocultado su deseo de reducir la inmigración de personas que no son de ascendencia europea. Ha calificado a los somalíes de “basura” que deberían “regresar” al país de “donde vinieron” y, en cambio, ha expresado su disposición a que los escandinavos se muden a Estados Unidos.
“Este nuevo anuncio constituye, en efecto, una prohibición migratoria para una parte muy significativa del mundo que viene a Estados Unidos”, dijo Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia. “Si bien se afirma que la decisión estuvo motivada por beneficios públicos, estamos viendo una administración decidida a demoler casi todas las vías legales para que los inmigrantes vengan a Estados Unidos desde países donde la población es mayoritariamente de raza negra y de color”.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el gobierno revocó más de 100.000 visas, una cifra récord, y el Departamento de Seguridad Nacional informó que más de 605.000 personas fueron deportadas, mientras otras 2,5 millones abandonaron el país voluntariamente.
La lista completa de las 75 naciones afectadas incluye a: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.
Agencias AP y AFP
