Cuando los primeros mensajes sobre la captura de Nicolás Maduro llegaron a La Habana —tímidos, confusos, virales— muchos cubanos sintieron una mezcla de esperanza y miedo: «¿Va a cambiar algo aquí?», se preguntaban en las colas para el pan, en la fila del ómnibus, en los rostros cansados por los apagones y la escasez.
La noticia de que un presidente aliado de la Plaza de la Revolución había sido detenido por las tropas de Estados Unidos rápidamente se entrelazó con conversaciones más domésticas: ¿Qué pasará con el petróleo que llega desde Venezuela? ¿Caerá también el régimen castrista?
La preocupación por el corte en el suministro de combustible venezolano se ha colado en la vida cotidiana. En los mercados y los parques, la gente comenta lo que puede pasar si el crudo que ha mantenido encendidas las centrales eléctricas y apuntalado las estaciones de servicio se reduce o se detiene por completo tras la caída de Maduro.
“Si Venezuela nos corta el petróleo, aquí todo se va a poner aún peor”, dice un vendedor en La Habana, recogiendo una inquietud que ha resonado ampliamente entre la población, más allá de las consignas oficiales.
Los datos energéticos detrás de estas dudas no son ajenos a quienes siguen la economía: en el último trimestre de 2025, Venezuela suministró a Cuba un promedio de 35.000 barriles diarios de crudo y combustibles básicos, una porción vital para cubrir parte del déficit en la isla y evitar un colapso más profundo de los servicios básicos, el transporte y la generación eléctrica.
Los expertos advierten que una interrupción significativa del flujo petrolero sería un golpe severo para una economía ya asfixiada por la falta de divisas, una infraestructura deteriorada y las sanciones estadounidenses que dificultan las transacciones internacionales.
Sin embargo, el gobierno mexicano mantiene su apoyo petrolero a La Habana que, junto al suministro ruso y al crudo nacional, de mala calidad, permiten al régimen mantener activos sus sectores claves: la represión que ejerce la policía política, el funcionamiento del ejército y el sostenimiento del aparato ejecutivo.
Puesto a elegir entre garantizar la energía en los hospitales o abastecer de combustible a las patrullas policiales, sin dudas, el castrismo optará por esto último. Primero se apagará el Morro de La Habana que el cuartel general de la Seguridad del Estado.
De ahí que sea una mezcla de esperanza y preocupación la que más se perciba por estos días en las calles y en las conversaciones privadas. Algunos, especialmente en el entorno opositor, ven en la salida de Maduro una chispa que puede encender la valentía popular en protestas a lo largo del país.
Otros apuestan por una movida de Washington que descabece a la dictadura: “Si pudieron con Maduro, ¿por qué no con estos de aquí?”, dice un joven habanero que ha vivido toda su vida bajo un único partido.
Pero esas ideas chocan con una realidad dura: tras 67 años del mismo régimen, sin una disidencia interna fuerte o visible —golpeada por el destierro de sus principales líderes y la clandestinidad de sus propuestas— cualquier cambio profundo en la isla sigue enfrentando muchos obstáculos simbólicos y operativos.
El nivel de deterioro de la infraestructura, la falta de gente joven para protagonizar un pulso con el poder y el miedo actúan como freno al cambio. En el pasado, el régimen ha mostrado una asombrosa capacidad de resiliencia ante adversidades como el fin de la Unión Soviética y la pérdida del 80% de su comercio exterior.
En tiempos duros, ha sacado su arsenal retórico más radical, cerrado filas ideológicas y obligado a la población a ajustarse el cinturón.
