WASHINGTON.– A pesar de los bombardeos sobre territorio venezolano y de la captura del dictador que ostentaba el poder en Caracas, la Casa Blanca insiste en que Estados Unidos no ha llevado a cabo una operación bélica. Desde el primer momento, Donald Trump ha fijado un marco político y jurídico muy concreto. Lo ocurrido no sería una guerra ni una intervención militar contra un Estado soberano, sino una actuación de “ley y orden” destinada a ejecutar una orden judicial pendiente contra Nicolás Maduro.
Ese razonamiento no es retórico ni improvisado. Es una construcción deliberada que persigue varios objetivos a la vez. El primero, evitar la obligación legal de informar previamente al Congreso en virtud de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que exige notificación cuando el presidente introduce a las Fuerzas Armadas en hostilidades o en escenarios que puedan derivar en un conflicto armado prolongado. Otro, esquivar el desgaste político interno que supondría admitir una nueva guerra en América Latina, especialmente ante un electorado republicano profundamente escarmentado por Irak y Afganistán.
La tesis central de la administración Trump es que Nicolás Maduro no fue tratado como un jefe de Estado enemigo, sino como un acusado prófugo de la justicia estadounidense. En marzo de 2020, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York lo imputó por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína en Estados Unidos y delitos relacionados con el uso de armas de guerra. Esa causa sigue abierta y contempla penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Para la Casa Blanca, lo ocurrido no es un acto de guerra, sino la culminación de una imputación penal vigente desde hace casi seis años.
Desde ese punto de vista, Washington sostiene que no se ha producido un cambio de régimen en sentido político o militar, sino la detención de un individuo reclamado por la justicia, junto a su esposa, para ser juzgado en Estados Unidos. No se trataría de derrocar a un gobierno extranjero, sino de ejecutar una orden de arresto contra una persona concreta, aunque esa persona ostentara el poder en su país.
Sobre esa base, la administración Trump argumenta que la Resolución de Poderes de Guerra no resulta aplicable a este caso. Según su interpretación, no hubo introducción de tropas en hostilidades prolongadas, ni ocupación de territorio, ni una campaña militar abierta. La acción fue limitada en el tiempo, con un objetivo único y cerrado, garantizar la detención y extracción del acusado. El uso de la fuerza, según este relato, fue accesorio y funcional, no estratégico.
Trump ha reforzado ese marco al subrayar que la operación se llevó a cabo “en conjunción con fuerzas del orden” y que los medios militares empleados tuvieron un papel instrumental, proteger a los agentes encargados de ejecutar la orden judicial y asegurar su salida del país. En esta lógica, el empleo de bombarderos, helicópteros o unidades de élite no convierte automáticamente la actuación en una guerra, del mismo modo que otras operaciones de captura de líderes criminales o terroristas en el exterior han sido presentadas como acciones policiales con apoyo militar.
La Casa Blanca se apoya además en el artículo II de la Constitución, que concede al presidente amplias competencias como comandante en jefe para proteger a personal estadounidense frente a amenazas inmediatas. Una vez activada una orden judicial de alto riesgo, el Ejecutivo defiende que el presidente puede autorizar el uso de la fuerza necesaria para garantizar su cumplimiento sin necesidad de una autorización específica del Congreso, siempre que no derive en una intervención prolongada.
Este razonamiento no elimina la polémica, ni dentro ni fuera de Estados Unidos. Para muchos gobiernos y juristas, bombardear objetivos en un país extranjero encaja de facto en una acción militar. Pero Washington insiste en que la clave no está en los medios empleados, sino en la finalidad, el alcance y la duración. Al presentar la operación como un acto de cumplimiento de la ley contra un acusado concreto, la Casa Blanca busca blindarse jurídicamente y reducir el coste político interno. En esa versión, la captura de Maduro no marca el inicio de una guerra, sino el cierre forzoso de una causa judicial que llevaba años abierta.
* Del diario ABC, España
Por David Alandete (Diario ABC, España)
