En los últimos siete años, la Argentina modificó de manera sustantiva la composición de su financiamiento externo. El cambio no implicó una reducción de la dependencia financiera del exterior, sino una reconfiguración de sus acreedores: perdió peso el mercado privado internacional —incluido lo que se conoce como Wall Street— y crecieron con fuerza los organismos multilaterales con sede en Washington, principalmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero también el Banco Mundial y el BID.
Ese giro quedó expuesto esta semana en declaraciones públicas del ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que el Gobierno buscará evitar una emisión de deuda en Nueva York para afrontar el vencimiento de enero próximo por US$4200 millones. “Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”, respondió el funcionario ante una consulta en redes sociales.
El planteo oficial se apoya en una estrategia que comenzó a tomar más fuerza: desarrollar el mercado de capitales local y reducir el recurso al financiamiento externo. Sin embargo, los datos muestran que, mientras se limita el acceso al mercado privado internacional, creció de manera marcada el peso de los organismos multilaterales en la estructura de la deuda.
Según un informe de Suramericana Visión, think tank liderado por el exministro Martín Guzmán, durante la gestión de Caputo como ministro de Finanzas (2016–2018) la deuda externa instrumentada en títulos aumentó de US$58.652 millones en el cuarto trimestre de 2015 a US$117.931 millones en el primer trimestre de 2018, cuando el país perdió el acceso a los mercados internacionales, de acuerdo con datos del Indec.
A partir del acuerdo con el FMI de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, y del nuevo programa aprobado en abril pasado bajo el gobierno de Javier Milei, esa dependencia mutó. El crédito original otorgado a la Argentina durante la gestión de Macri ascendió a US$45.000 millones, mientras que el programa acordado bajo la administración Milei fue por US$20.000 millones, de los cuales se desembolsaron efectivamente unos US$14.000 millones.
En el período intermedio, el país realizó pagos al organismo, lo que explica las diferencias entre los montos originalmente acordados, los desembolsos y el stock pendiente, que hoy ronda los US$57.000 millones, convirtiendo a la Argentina en el principal deudor del Fondo. Ambos programas contaron con el aval político de la primera y la segunda presidencia de Donald Trump, respectivamente.
Los préstamos con el Fondo y otros organismos internacionales pasaron de representar unos US$35.118 millones en el primer trimestre de 2018 a US$99.872 millones al tercer trimestre de 2025. En ese período, la participación de estos acreedores “privilegiados y preferidos” en la deuda externa total creció del 23% al 58,6%, mientras que la deuda con acreedores privados del exterior se ubicó en torno a los US$70.634 millones.
Esa asimetría tiene implicancias financieras concretas. Un mayor peso de acreedores privilegiados reduce la capacidad de pago percibida sobre la deuda con privados y ayuda a explicar la dinámica del riesgo país, que si bien logró consolidarse por debajo de los 600 puntos básicos en la última semana, aún se mantiene por encima de niveles comparables de la región. El último registro, de 576 puntos, se ubica unos 70 puntos por encima del nivel que tenía la Argentina cuando volvió a acceder a los mercados en 2016 y cerca de 270 puntos por encima del EMBI+ Latam, señaló Suramericana Visión.
Ese mayor peso de los organismos multilaterales y del respaldo oficial de Estados Unidos también abrió un frente de discusión política en Washington. A mediados de diciembre, las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Jeanne Shaheen reclamaron formalmente al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que informe las condiciones del rescate financiero por US$20.000 millones otorgado a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF). En una carta dirigida también al Departamento de Estado, las legisladoras exigieron conocer los términos del swap con el Banco Central, las eventuales reformas comprometidas y las salvaguardas previstas para garantizar la devolución de los fondos, y cuestionaron la falta de transparencia del acuerdo, al recordar que el Tesoro tiene obligaciones legales de informar al Congreso sobre este tipo de operaciones.
El desplazamiento del mercado hacia los organismos también aparece reflejado en el análisis de la consultora 1816. En un informe titulado ¿Vivir con lo nuestro?, la firma señaló que la decisión de no emitir deuda en Nueva York en el corto plazo responde tanto a una idea de largo plazo como a una restricción coyuntural. “Dados los rendimientos actuales de los bonos, evitar una emisión externa no parece tanto una decisión de política económica como una imposición de la realidad”, advirtió.
El informe subrayó además una limitación estructural para avanzar hacia el autofinanciamiento: el bajo desarrollo del crédito interno. El stock de préstamos al sector privado representa alrededor del 12% del PBI, muy por debajo del 76% de Brasil o del 103% de Chile, en un contexto en el que una parte significativa del ahorro de los argentinos permanece fuera del sistema financiero local.
En el corto plazo, el desafío es operativo. Para cubrir los vencimientos de enero por US$4200 millones, el Tesoro cuenta con depósitos en moneda extranjera en el Banco Central por unos US$1869 millones, a lo que podrían sumarse ingresos por privatizaciones de las represas hidroeléctricas del Comahue por unos US$700 antes de la fecha límite. Aun así, según 1816, persistiría una brecha de financiamiento relevante.
Así, mientras el discurso oficial pone el foco en reducir el vínculo con los mercados financieros internacionales, los datos muestran que la Argentina reorientó su dependencia externa hacia Washington, con un peso creciente del FMI y otros organismos en la estructura de la deuda y en la dinámica financiera del país.
