El abogado Marcelo Miranda, representante legal del ministro de la Corte Marcelo Lima, salió a ordenar el tablero judicial y político tras el pedido de juicio político impulsado por el ex candidato Sergio Vallejos y las posteriores acciones civiles promovidas en su contra, cuyo reclamo económico fue estimado en 60 millones de pesos.
En declaraciones a Radio Sarmiento, Miranda detalló que el escenario judicial se estructura en dos procesos claramente vinculados, ambos iniciados hacia fines del año pasado. Por un lado, una demanda por inexactitud o falsedad; por otro, una acción por daños y perjuicios. Según explicó, ambas causas tienen origen en una serie de denuncias reiteradas, carentes de sustento y formuladas públicamente por Vallejos contra el magistrado.
El letrado precisó que las actuaciones se encuentran en una etapa embrionaria, dentro de los plazos legales previstos para que el demandado ejerza su defensa, y subrayó que no existe hasta el momento ninguna definición de fondo. En ese contexto, recordó que la Comisión Investigadora de la Legislatura desestimó el pedido de juicio político al no haberse presentado prueba alguna que respaldara las acusaciones. “No se aportó un solo medio probatorio para sostener imputaciones de semejante gravedad”, remarcó.
Miranda fue más allá y calificó el accionar del denunciante como una “grosería institucional”, al tiempo que sostuvo que la presentación contenía falsedades, afirmaciones infundadas y errores conceptuales evidentes. En contraposición, indicó que la defensa de Lima incorporó un volumen contundente de pruebas, entre ellas más de 40 publicaciones certificadas por escribano difundidas en distintos medios, además de abundante prueba documental e informativa.
En relación con el monto de 60 millones de pesos que trascendió públicamente, el abogado aclaró que se trata de una cifra estimativa exigida por la normativa procesal. “En las acciones por daños y perjuicios, el Código obliga a fijar un monto inicial, pero ese valor es provisorio y será el juez quien determine la suma definitiva en función de la prueba producida”, explicó.
Consultado sobre los cuestionamientos de Vallejos, quien advirtió sobre una supuesta peligrosidad institucional de este tipo de demandas, Miranda rechazó ese planteo y sostuvo que la acción judicial no apunta a cercenar el derecho a denunciar, sino a poner límites a su ejercicio irresponsable. “Las garantías constitucionales deben ser protegidas, pero también ejercidas con prudencia, razonabilidad y responsabilidad. Cuando eso no ocurre, el sistema jurídico prevé mecanismos de revisión”, afirmó.
Desde la defensa del magistrado insistieron además en que no existe afectación alguna a la libertad de expresión ni al sistema democrático cuando las denuncias se formulan con respaldo fáctico y jurídico. “El debate no pasa por si una acción es peligrosa, sino por la solidez de los argumentos que la sustentan. Cuando esos argumentos no existen, el daño se produce”, añadió.
Sobre los plazos, Miranda evitó adelantar definiciones y señaló que el avance de la causa dependerá de la producción de prueba y de las instancias procesales pendientes, por lo que no es posible anticipar fechas de resolución.
Finalmente, el abogado se abstuvo de interpretar el accionar de Vallejos en clave política o electoral y circunscribió su análisis al plano estrictamente jurídico. No obstante, sostuvo que no se respetaron estándares mínimos de seriedad y responsabilidad al promover el pedido de juicio político, lo que —según afirmó— afectó el buen nombre y la imagen pública de su defendido.
La causa continúa su trámite en el ámbito judicial, donde el desarrollo del proceso será el que determine la validez real de las denuncias y el alcance concreto de los daños alegados.
