El enfrentamiento que retrata Los Expedientes Lindner no es una anécdota ligera: es la manifestación más cruda de cómo determinados poderes paralelos —operando en las sombras de la política y la justicia argentina— han decidido reacomodar sus piezas, imponiendo narrativas y agendas que guardan poca relación con la transparencia o la institucionalidad.
En un extremo de este choque se halla Antonio “Jaime” Stiuso, ex jefe operativo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un operador sagaz que durante décadas supo moverse con eficacia dentro del submundo de los servicios. Stiuso no es un mero personaje de novela: su nombre aparece en múltiples investigaciones y causas de enorme impacto público. Hoy, lejos de su antigua discreción, sus pasos son objeto de investigaciones por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y su familia habría abandonado el país en medio de pesquisas que avanzan sin pausa.
En el otro extremo, la aparición mediática de “El Gordo” Valor —un capo de baja reputación condenado por delitos graves y famoso por fugas espectaculares— representa algo más que un contraste anecdótico: es el símbolo grotesco de cómo figuras carentes de legitimidad pueden terminar entronizadas en debates públicos bajo la excusa de ser “testigos” o “fuentes” de información reveladora. Su carrera criminal, suponen múltiples informes y entrevistas, no lo absuelve de responsabilidad; al contrario, exhibe la decadencia de un sistema que a veces confunde notoriedad con verdad.
Este duelo no es un choque personal de egos ni un reality de bajo perfil. Se trata de una batalla por la narrativa pública que involucra:
- un ex espía de alto rango que ocupó un lugar central en algunas de las tramas de inteligencia más polémicas de la Argentina reciente, y cuya conducta está hoy bajo escrutinio judicial;
- un delincuente legendario que ha sido protagonista de episodios delictivos y mediáticos por más de tres décadas, y que ahora se pasea como si su voz tuviera el mismo peso que una investigación rigurosa;
La elección de presentar este enfrentamiento como un “duelo” —como si se tratara de dos cómplices de igual legitimidad— es, en sí misma, reveladora. Equivale a poner en el mismo plano la voz de quien fue parte integrante de la estructura de inteligencia del Estado con la de un ex convicto con historial de evasión y delitos graves. Esa falsa equivalencia hace un flaco favor a la seriedad informativa.
La política argentina —sus instituciones de seguridad, sus fiscalías y su Poder Judicial— no puede seguir siendo escenario de relatos equiparables entre acusados y testigos improvisados, entre operadores de inteligencia y personajes de folletín. Si la democracia pretende defenderse, debe exigir claridad, responsabilidad y rigor investigativo. Este “duelo” no merece menos.
