El tradicional almuerzo del Día del Petróleo y del Gas, que se realiza todos los años, prometía ser una celebración. El sector acaba de batir el récord histórico de producción de hidrocarburos, incluso en un contexto de fuerte caída de los precios internacionales. Sin embargo, un tema de preocupación atravesaba todas las mesas del salón principal del hotel Sheraton de Retiro. “Nos quieren hacer tributar una guita que no ganamos”, se quejaba con indignación un ejecutivo petrolero.
El malestar estaba dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, y a su secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que vienen apelando a todas las herramientas disponibles para alcanzar el superávit fiscal anual del 1,6% del PBI al que se comprometieron.
Una de esas herramientas fue impedir que las empresas actualicen por inflación un saldo a favor al momento de pagar el impuesto a las Ganancias. Se trata del cómputo de quebrantos, como adelantó ayer Florencia Donovan en LA NACION.
Una empresa puede registrar ganancias o pérdidas. Si obtiene ganancias, paga el impuesto correspondiente; si tiene pérdidas, puede trasladar ese resultado negativo a ejercicios futuros, lo que se conoce como quebrantos impositivos.
La disputa con el Gobierno, en rigor, comenzó en noviembre de 2024, pero se intensificó en los últimos días. A fin de año vence un plan de pagos que ofreció ARCA (ex AFIP) para que las empresas regularicen una supuesta falta tributaria que, en el sector privado, desconocen. Hasta ahora, pocas compañías adhirieron, con la excepción de YPF, que desistió de hacer el reclamo, en una decisión que fue a contramano de la postura adoptada por el resto de las grandes empresas.
Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos y funcionaria del área desde 2012, encendió las alertas el año pasado al publicar un dictamen en el que el Estado interpreta que los quebrantos no pueden actualizarse por inflación.
La discusión técnica es la siguiente: los privados sostienen que el artículo 25 de la ley 27.430, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, habilita el ajuste por inflación impositivo en los balances. Economía y ARCA replican que los saldos por quebrantos no están alcanzados, ya que no figuran explícitamente en el artículo 93 de la misma ley, que enumera los conceptos que pueden actualizarse. Las empresas insisten en que el artículo 25 es autónomo y no depende del 93.
El año pasado, la mayoría de las compañías presentó sus declaraciones juradas ante ARCA e informó que había actualizado los quebrantos por inflación, con el objetivo de evitar las consecuencias de la ley penal tributaria, que se aplica cuando existe ocultamiento, ardid o engaño.
Frente a esta situación, ARCA inició inspecciones masivas en empresas de todos los sectores, con foco principalmente en las energéticas, alimenticias, automotrices y de servicios públicos.
Durante las sesiones extraordinarias pasadas, el Ejecutivo incluso envió un proyecto de ley que permitía a quienes habían actualizado quebrantos regularizar la situación mediante un plan de pagos de 36 cuotas, con una tasa de interés mensual del 2,7%. Como el Congreso no lo trató y lo desestimó, ARCA lanzó por su cuenta el plan, que al vencimiento original de octubre tuvo una adhesión mínima.
El Gobierno luego prorrogó el plazo primero a noviembre y más tarde al 31 de diciembre. También flexibilizó las condiciones: amplió el plan a 120 cuotas y redujo la tasa de interés mensual al 1,375%. Por esta vía, el Estado podría recaudar entre US$6000 y US$8000 millones.
La tensión escaló aún más en las últimas horas, cuando se conoció la letra chica del proyecto de reforma laboral. Allí, el Gobierno incorporó un artículo que habilita desde 2026 la actualización de los quebrantos por inflación, pero deja asentado que en el pasado no podían actualizarse.
Algunas cámaras empresariales, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera), salieron a criticar la medida.
“Un desconocimiento [de la actualización de quebrantos impositivos] genera efectos confiscatorios, particularmente para aquellas empresas que realizaron inversiones significativas o que operan con financiamiento en moneda extranjera. Esta situación afecta la competitividad, desalienta la inversión y compromete la sustentabilidad de proyectos estratégicos de largo plazo”, señaló la UIA en una carta.
“Aplicar el Título VI sin permitir la actualización de los quebrantos genera distorsiones graves, llevando a tributar sobre rentas ficticias y perjudicando especialmente a empresas que realizaron inversiones en el pasado reciente y que, por lo tanto, tienen deuda financiera”, afirmó, por su parte, Ageera.
El conflicto volvió a escalar luego de que ARCA determinara que la empresa de generación eléctrica PCR no omitió el pago de una deuda con el fisco, sino que incurrió en ocultamiento, ardid o engaño, lo que abre la puerta a una eventual acusación penal por defraudación.
El enojo empresario también se profundizó a partir de otro dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos, que exime de culpas a las empresas que ingresen al plan de pagos. “El Estado dice que quien no entra al plan puede enfrentar una acusación por defraudación. Pero la calificación de la conducta se da cuando se comete una falta, no cuando uno paga la deuda. Hubo un momento en el que el contribuyente que pagó y el que no pagó estaban en igualdad de condiciones; no puede haber dos conductas distintas por un mismo hecho”, se quejó un asesor tributario de las compañías.
“Los montos son muy importantes: ni siquiera un plan a 10 años atenúa el impacto. Y la amenaza de aplicar la ley penal tributaria fue tomada en el sector como una forma de presión para que las empresas ingresen al plan”, agregó.
En el Sheraton, el clima estaba caldeado. Apenas hubo lugar para celebrar el anuncio del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, de que el Gobierno intentará habilitar que las inversiones en producción de petróleo y gas (upstream) puedan adherirse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), un reclamo histórico de las empresas, en especial de las internacionales.
Tampoco alcanzó para festejar que la balanza comercial energética arrojará este año un saldo positivo de más de US$7000 millones, un 26% superior al de 2024, como destacó Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).
