Los haberes previsionales del sistema de la Anses tuvieron en los primeros siete meses de este año (hasta julio) un reajuste acumulado de 103,9%. Ese fue el aumento nominal para los jubilados y pensionados que no perciben bono (entre quienes están en el sistema contributivo, son alrededor de 3 millones de personas, aproximadamente la mitad).
Para quienes sí perciben mensualmente el refuerzo, que por sexto mes consecutivo será en septiembre de hasta $70.000, el porcentaje es bastante más reducido; el ingreso conformado por el haber mínimo más el bono fue en julio un 77,7% más alto que el de diciembre de 2023. Y esa menor variación responde a que el valor del bono no varía desde marzo.
Como entre enero y julio la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue, según el Indec, de 87%, el poder de compra de los haberes sin bonos -medido contra el indicador oficial de inflación, que puede no reflejar la realidad de cada hogar- resultó en julio un 9% mayor al de diciembre, un mes en el cual los ingresos estaban en un nivel bajísimo. En ese último mes de 2023 la capacidad de compra de alguien con un haber actual de $600.000, por ejemplo, era un 43% inferior al de diciembre de 2019. Y si se compara el valor real de la prestación con el de septiembre de 2017, el deterioro llega a 51%, según datos elaborados por LA NACION.
Para quienes perciben el haber mínimo, el poder de compra del ingreso total, incluido el bono, fue en julio un 5% más bajo en comparación con el monto percibido en diciembre de 2023 (sin contar el aguinaldo). En este caso, si la comparación se hace entre lo cobrado en julio de este año y lo percibido en septiembre de 2017, el recorte del poder de compra fue de 31%. En tanto, si se compara el poder adquisitivo de diciembre de 2023 con el de ese mes de 2019, la pérdida fue de 32,2%.
Esta diferencia en la variación del valor real de los ingresos según se cobre o no se cobre bono, responde al congelamiento del bono desde marzo. Es decir, en el caso de los ingresos más bajos, la actualización mensual y por inflación no se aplica sobre la totalidad del importe que se cobra. En septiembre, y según se oficializó hoy con la publicación del decreto 783 en el Boletín Oficial, el bono será de hasta $70.000 (igual que en los meses previos) y será percibido por quienes tienen un haber bruto de hasta $304.540 (ya incluido el reajuste mensual por inflación, de 4,03%). Quienes tienen la mínima, de $234.540, recibirán $70.000, y quienes tienen un haber superior al mínimo y de hasta $304.540, percibirán un plus de un monto tal que se complete esa cifra.
La recuperación del poder de compra de los haberes es un argumento que funcionarios como el propio Presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, repiten desde hace meses. En una entrevista en LN+, Milei llegó a decir anoche que “en dólares, el poder adquisitivo de los jubilados voló”. Como ni cobran ni gastan en moneda extranjera, una comparación así para hablar de los ingresos de los jubilados no tiene razón de ser, más aún considerando lo bajo de los montos. En cuanto a un repunte del poder de compra, medido en función de comparar qué ocurrió con los haberes y con la inflación, los números elaborados y publicados por LA NACION, coinciden en que, tras un piso tocado en febrero de este año, comenzó a haber una recuperación.
Más allá de los números, o a partir de ellos, hay, sin embargo, varias consideraciones para hacer. Una es que en la comparación se tiene en cuenta el índice general de precios, que no refleja necesariamente el consumo de cada hogar (y hay factores, como el aumento de tarifas de los servicios públicos y de los medicamentos, que afectan sensiblemente en estos meses); por otra parte, los jubilados del haber mínimo (que fueron los menos perjudicados, pero fueron perjudicados al fin, en los últimos años) siguen aún por debajo de los deteriorados montos que cobraban a fines de 2023.
Otra cuestión es que el punto de partida para la comparación es un momento de ingresos muy bajos, dada la fuerte caída del poder de compra que se acumuló con especial intensidad entre 2020 y 2023, y, por último, la modalidad actual de actualizaciones (reajustes mensuales por IPC) hace que se deje de perder poder de compra hacia adelante, pero cristaliza las pérdidas de los últimos años, que no fueron iguales para todos a causa de las políticas discrecionales del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Respecto de esto último, la ley aprobada por el Congreso y vetada por el Presidente no preveía ninguna reparación.
Las comparaciones mencionadas se hicieron considerando las variaciones de precios y de haberes hasta julio, porque es el mes más reciente del cual se conoce el dato de inflación. Entre enero y septiembre las subas de los haberes jubilatorios acumulan un 121,9%. Y la mejora del poder adquisitivo enunciada por el Gobierno, “de casi 10%”, coincide, según verificó LA NACION, con el resultado de hacer un cálculo considerando una inflación en torno a 100% entre enero y el noveno mes del año.
Específicamente, en uno de los considerandos del decreto del veto se menciona que la decisión de derogar la fórmula anterior y de disponer subas por inflación “permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año, y de casi el 6% con respecto a noviembre de 2023″.
Sin embargo, los jubilados del haber mínimo acumulan en los nueve meses un incremento nominal de 89,5% (del ingreso integrado por el haber y el bono), bastante inferior a la tasa de inflación estimada. En estos casos, la pérdida de poder adquisitivo sería de 5,7% tomando como punto de partida diciembre. Es una caída superior incluso a la del período de enero a julio (esto responde a que en los últimos meses, por el congelamiento del refuerzo, la suba de ese ingreso quedó por debajo de los índices de inflación).
Los aumentos otorgados este año no se guiaron solo por la nueva modalidad establecida por el Gobierno en el DNU 274. Mientras que en enero y febrero los haberes se mantuvieron sin variación, en marzo llegó la primera recomposición, que fue de 27,18%, un índice que respondió a la aplicación de la fórmula de la ley 27.609, que quedó derogada en julio, tras un período de transición. En abril comenzaron a otorgarse subas mensuales según la inflación de dos meses atrás, y en ese mes en particular se dio un “incremento extraordinario” de 12,5%, que se adicionó al reajuste de 13,2% (equivalente a la inflación de febrero).
A partir de allí se aplicaron recomposiciones de 11,01% (mayo), 8,83% (junio), 4,18% (julio), 4,58% (agosto) y 4,02% (septiembre). Mientras que esas fueron las subas de los haberes propiamente dichos, el bono solo tuvo un reajuste y fue en marzo, cuando pasó de $55.000 a $70.000.
Para quienes cobran la prestación máxima del sistema, este mes de $1.578.233,72, la pérdida acumulada desde septiembre de 2017 llega a 52,2% (en la diferencia con otros haberes influye la discrecionalidad de los reajustes de 2020 y la falta de bonos), en tanto que, al igual que para una jubilación del tramo medio, en lo que va de este año hay una recuperación de entre 9% y 10% (según se compare julio o septiembre contra diciembre de 2023).
El concepto de diferenciar según se tuvo o no se tuvo moratoria está en cabeza de los funcionarios. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo más de una vez que quienes aún no recuperaron el poder de compra de noviembre de 2023 son los jubilados de moratoria, en referencia a los del haber mínimo que cobran el bono, entre quienes, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, alrededor de 90% tuvo planes de pago (en ese grupo hay personas que no aportaron y hay personas que reunieron más de 20 años de contribuciones, sin llegar a los 30 exigidos por la ley).
Los deterioros acumulados en los últimos años son causa de reclamos en la Justicia. Según resume la abogada previsionalista Elsa Rodríguez Romero, “hoy están judicializados la movilidad del primer semestre de 2018 (cuando se hizo el empalme de una fórmula a otra); la falta de pago –en 2021 y tras levantarse la suspensión del cálculo que rigió en 2018 y 2019– de la diferencia entre los aumentos otorgados en 2020, de entre 24,3% y 35,3%, y el resultado de la movilidad suspendida, que fue de 42,1%, y, finalmente, la insuficiente movilidad de 2022 y 2023″