La presión contra la tasa ambiental creada por el municipio de Pilar, que recarga un 2% las compras en los supermercados, va en aumento. Primero fueron los centros de ventas los que apuntaron contra el intendente kirchnerista Federico Achával. Luego, el Gobierno. Y ahora fue el turno de la Cámara de Comercio y Servicios (CAC).
La entidad que preside Mario Grinman emitió un comunicado sobre el urticante tema e informó que le envió una carta al intendente. En esa nota, hizo referencia directa a la decisión del municipio de Pilar. “Tiene una dudosa constitucionalidad, toda vez que no reviste ninguno de los caracteres necesarios para que tenga la naturaleza de tasa”, afirmó.
La CAC también hizo una comparación entre la administración municipal de Achával y la gestión nacional. “La decisión del Municipio de Pilar resulta claramente contrastante con la política de reducción de impuestos –especialmente aquellos más distorsivos, como lo es el tributo que nos ocupa- encarada por el Gobierno Nacional y mayoritariamente apoyada por la ciudadanía en las recientes elecciones legislativas», indicó.
En términos más generales, la entidad presidida por Grinman se refirió a los “impuestos subnacionales”. Así amplió la mirada más allá de lo que ocurre en el municipio de Pilar: “Debe advertirse que la voracidad fiscal lamentablemente es un fenómeno por demás extendido, que perjudica la actividad económica a lo largo y a lo ancho de la Argentina”.
Antes de la reacción empresaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había fijado postura. “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente”, escribió el titular del Palacio de Hacienda en X, donde además destacó un comunicado de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). “Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y de la industria”, subrayó.
El comunicado de la CAC agregó: “La Cámara exhorta a las jurisdicciones subnacionales a evitar nuevos incrementos tributarios y a revertir los recientemente dispuestos”. Hasta el momento, la gestión de Achával en Pilar no emitió comentarios.
La Tasa de Protección Ambiental está en el centro del debate. Hasta ahora, su cobro significaba el pago de un monto fijo (sistema de módulos), que entre septiembre y noviembre llegó a valer $69. Pero la normativa cambió. La Ordenanza Fiscal 2026, en el artículo 66° del “Capítulo XXV Tasa de Protección Ambiental”, fija la alícuota del 2% para supermercados e hipermercados.
Según el tributarista César Litvin, “quien compre en Pilar pagará un 2% más caro”. Fuentes de una cadena consultada por LA NACION reconocieron que no tienen “otra alternativa” que trasladar “íntegramente” el aumento al costo final de los productos.
Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), explicó a LA NACION que el nuevo régimen de percepción del 2% impacta especialmente en los comercios que venden productos de alto valor, como electrodomésticos. Señaló que en ese rubro el recargo “supone sumas muy importantes”, lo que deriva en pérdida de ventas y genera una “situación de desventaja competitiva respecto a los no alcanzados”.
El ejecutivo comparó el nuevo esquema con el sistema anterior por módulos y sostuvo que, aunque aquel afectaba a compras pequeñas por tratarse de un monto fijo, ningún régimen conviene en un municipio donde la carga tributaria ya es elevada. “La Tasa de Seguridad e Higiene en Pilar es del 4,5%”, afirmó, y agregó que en distritos como Tres de Febrero es del 0,87%.
