El exgobernador de Nueva Esparta (2017-2021), Venezuela, Alfredo Díaz, murió este sábado en la sede del Servicio Penitenciario Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde estaba detenido tras ser procesado por “terrorismo” e “instigación al odio” por el régimen de Nicolás Maduro. La noticia fue confirmada por la oposición venezolana. Con el fallecimiento del preso político de 55 años ya son siete los opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024.
Díaz fue arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras la reelección de Maduro, en la que la oposición denunció fraude y reivindicó el triunfo del candidato Edmundo González Urrutia, quien luego se exilió. El exgobernador llevaba un año preso y “aislado”, mientras que Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, que se dedica a defender a detenidos por razones políticas, señaló que solo le permitieron una visita de su hija.
La oposición venezolana, por su parte, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que lamentaron la muerte de Díaz y advirtieron que no se trata de un “hecho aislado”. “Estaba bajo la custodia del régimen de Maduro. Su integridad y su vida eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado en una sede que ha sido ampliamente denunciada por organismos internacionales como un centro sistemático de torturas y otras violaciones de derechos humanos”, expresaron los opositores González Urrutia y María Corina Machado, y tildaron el fallecimiento como un “crimen”.
Además de Díaz, de los presos políticos secuestrados después de las elecciones de 2024 también murieron Edwin Santos, Jesús Martínez, Lindomar Amaro, Jesús Rafael Álvarez, Osgual González y Reinaldo Araujo. Desde la oposición señalan que las causas de estas muertes incluyen negación de atención médica, condiciones inhumanas de vida, aislamientos y torturas, y tratos crueles, inhumanos y denigrantes.
Los líderes opositores también afirmaron que las actitudes del régimen “revelan un patrón sostenido de represión estatal” y explicaron: “El sistema de seguridad y penitenciario ha sido instrumentalizado para perseguir, castigar y quebrar a quienes piensan distinto”.
“Pese a las reiteradas advertencias de la Organización de las Naciones Unidas, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen continúa violando derechos humanos y cobrando vidas de venezolanos inocentes. Que quede claro: documentaremos cada omisión y cada responsabilidad. No habrá impunidad. La justicia llegará para Alfredo y cada una de las víctimas de esta tragedia”, advirtió la oposición.
El abogado Gonzalo Himiob, también de la ONG Foro Penal, dijo que Díaz había sido acusado pero su juicio estaba paralizado y relató: “Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público”.
La proclamación de Maduro en julio de 2024 para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2400 detenidos, en su mayoría acusados de “terrorismo”. Según cifras oficiales, 2000 fueron excarcelados desde entonces. Además, desde 2014 murieron 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolana y, actualmente, hay al menos 887 detenidos.
Con información de AFP.
