LIMA.- La Justicia peruana condenó este jueves al expresidente izquierdista Pedro Castillo a más de 11 años de prisión por el delito de rebelión por su fallida tentativa de autogolpe de Estado en 2022.
El exmandatario fue absuelto de los delitos de abuso de poder y de perturbación del orden público. La Fiscalía había solicitado 34 años de prisión por todos los cargos.
La Corte Suprema resolvió “condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión (…) y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo».
Castillo era juzgado desde marzo por anunciar el 7 de diciembre de 2022 la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la intervención del Poder Judicial, lo que fue calificado por la Fiscalía como un quiebre del orden constitucional. Con el cierre del Parlamento intentaba evitar una votación que buscaba su remoción por “permanente incapacidad moral”.
Ese mismo día el entonces mandatario fue detenido por la policía tras salir del Palacio de Gobierno, cuando se dirigía con su familia hacia la embajada de México, según la reconstrucción de los hechos señalada en el expediente judicial. Inmediatamente el Congreso lo destituyó.
Castillo había sobrevivido a otros dos intentos previos de remoción. Apenas estuvo 16 meses en el gobierno y modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis interna.
El juicio incluyó testimonios de exfuncionarios, mandos policiales y miembros de la escolta presidencial, que detallaron las órdenes de Castillo y las circunstancias de su detención. El exgobernante afrontaba además otras investigaciones por presunta corrupción.
Castillo, maestro rural y sindicalista, ganó la elección de 2021 en segunda vuelta contra Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).
Fue el primer presidente de Perú sin lazos con las élites. Pero su gobierno, que generó esperanzas de reformas en un país con un tercio de la población en la pobreza, zozobró arrastrado por acusaciones de corrupción.
Su caída provocó el ascenso al poder de su vicepresidenta Dina Boluarte, y desató violentas protestas que dejaron más de 50 civiles muertos por la represión de las fuerzas del Estado. Boluarte fue destituida el mes pasado por el Congreso.
Desde su salida del poder, Castillo cumplía una orden judicial de prisión preventiva en la exclusiva cárcel para exmandatarios ubicada dentro de una base policial al este de Lima.
Desde que empezó el juicio Castillo había denunciado ser “un presidente secuestrado” víctima de un “golpe del Congreso”. “No he venido a pedir clemencia, menos absolución de mi caso, solamente pido justicia”, dijo en sus alegatos finales ante el tribunal, el viernes pasado. Este jueves recibió con calma la condena acompañado de su abogado, según imágenes de televisión.
Una veintena de simpatizantes se acercaron con carteles a la puerta del centro penitenciario. “Estamos sufriendo por nuestro presidente porque él no robo ni un sol [la moneda peruana], acá esta preso un inocente, pedimos Justicia», dijo Julia Buendía, de 54 años.
Castillo estará en prisión hasta el 21 de mayo de 2034, teniendo en cuenta que enfrentó el juicio en la cárcel desde hace tres años. También fueron condenados sus exministros Betssy Chávez, asilada en la embajada de México, y Willy Huerta.
Esta misma semana la Justicia peruana había condenado a otro exmandatario, Martín Vizcarra (2018-2020), a 14 años de prisión por recibir sobornos cuando era gobernador de un departamento del sur del país, unos años antes de ejercer la presidencia.
De esta manera ya son cuatro los presidentes peruanos bajo penas de prisión en la actualidad: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.
Agencias AP y AFP
