El Gobierno tiene bajo análisis una de las mayores reformas estructurales del mercado laboral argentino: la eliminación del monotributo. Ese régimen sería sustituido por alternativas en línea con esa franja de contribuyentes.
Si bien la medida se trabaja con hermetismo, el oficialismo piensa en un combo de incentivos impositivos para que el cambio de categoría al régimen general no sea un golpe para los trabajadores independientes.
Se trata de un pedido que había hecho el Fondo Monetario Internacional (FMI) a mediados de abril, cuando se alcanzó un nuevo programa de Facilidades Extendidas. En aquel staff report del organismo, los técnicos de Washington pusieron sobre la mesa la necesidad de revisar el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, al considerar que su diseño erosiona la base tributaria.
“Reducir gradualmente los impuestos distorsivos sobre las exportaciones y las transacciones financieras, y reemplazarlos por impuestos directos más simples y mejor administrados sobre los hogares y las empresas. Esto requeriría armonizar la alícuota del monotributo y mejorar la transición de los pequeños contribuyentes hacia el régimen general”, señaló el organismo multilateral de crédito en la hoja de ruta que se le planteó al Gobierno.
El Gobierno buscó negar la eliminación del monotributo, luego de que Clarín publicara un documento titulado: “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional“. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, pidió que hasta no haya comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral ”no digan cosas que no son”.
Se trata de una medida que genera polémica. El monotributo se creó en 1998 con el objetivo de crear un régimen simplificado que facilite el cumplimiento de los trabajadores independientes y que sea un camino de inicio para después pasar al régimen general. Sin embargo, el salto al vacío que supone pasar de un régimen al otro —con una mayor carga fiscal y administrativa— provoca un desincentivo entre los contribuyentes.
Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, le puso número a esta situación. Hoy, un monotributista de categoría A paga $37.085 y tiene cobertura previsional, obra social y cubre el costo impositivo nacional. Además, en algunos casos, puede estar adherido al monotributo provincial y municipal unificado.
De pasar al régimen general, hoy ese mismo contribuyente debería pagar por jubilación de autónomos $82.000, abonar una medicina prepaga si se quiere tener cobertura médica y puede ser que no pueda trasladar el IVA a sus clientes y deba absorberlo total o parcialmente. También tiene que tributar Ganancias y presentar declaración jurada de ese impuesto de IVA, lo que implica más exigencias formales y administrativas. Si está adherido al monotributo provincial y municipal unificado, tendrá obligaciones por Ingresos Brutos y tasas municipales por separado.
“La discusión recién comienza, pero el sentido de la reforma debería ser claro: no basta con eliminar el monotributo, hay que diseñar un régimen que acompañe la realidad económica del pequeño contribuyente, minimice saltos impositivos y preserve el incentivo a mantenerse dentro del sistema formal. Un esquema inspirado en España puede ser una oportunidad siempre que se adapte con inteligencia técnica, simplicidad operativa y un enfoque genuinamente progresivo”, dijo Alberto Mastandrea, socio de impuestos de BDO en la Argentina.
Una primera intención del Gobierno para incentivar que más contribuyentes se pasen al régimen general fue la creación del Régimen Simplificado de Ganancias. Este esquema se pensó para que los profesionales declaren y formalicen su patrimonio sin que se les investiguen sus variaciones patrimoniales pasadas. Según adelantó LA NACION, hasta octubre se adhirieron 12.702 personas a este régimen.
“Creemos que esta es una excelente oportunidad para dar acceso a los monotributistas a que adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, ya que tienen un incentivo muy importante a poder exteriorizar sus ahorros y, por otro lado, porque van a poder tener un incentivo enorme que es el acceso al crédito”, precisó Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuando se presentó la medida en mayo.
