La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó hoy la moción que había presentado YPF para evitar presentar información en el proceso que impulsan los fondos demandantes para cobrar la sentencia de primera instancia. El Estado fue condenado a indemnizar a las partes con el pago de US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera.
Si bien el juicio fue apelado, a diferencia de lo que sucede en la Argentina, en Estados Unidos una sentencia no queda automáticamente suspendida cuando se apela. El juez debe decidir si otorga o no esa suspensión.
Los fondos Burford -quien compró el derecho a demandar en la quiebra de las empresas Petersen- y Eton Park solicitaron cobrar de inmediato el fallo. Como la Argentina se negó, las partes iniciar un proceso para averiguar qué activos nacionales se pueden embargar, en lo que se conoce en la jerga financiera un discovery (descubrimiento). En términos técnicos, significa identificar cuáles son su “alter ego”, expresión utilizada para señalar que dos entidades son lo mismo.
Preska rechazó la moción de reconsideración presentada por YPF, que buscaba revertir la orden del 17 de septiembre en la que se le había denegado intervenir en el caso de Petersen/Eton Park vs. República Argentina.
“El tribunal reafirmó que YPF no puede intervenir ni frenar la etapa de ejecución y ratificó que los demandantes pueden avanzar contra los activos de YPF bajo el modelo Crystallex, es decir, ejecutando contra el Estado argentino y buscando embargar los bienes de su empresa estatal una vez demostrada la relación de alter ego”, dijeron fuentes allegadas a los fondos demandantes.
De esta manera, la jueza confirmó la orden a YPF de entregar información clave para que los demandantes puedan investigar si la empresa es un alter ego del Estado argentino.
“Se ordena a la República recopilar y presentar estas comunicaciones fuera de canal a más tardar el 30 de octubre”, dictó Preska el 9 de octubre. Las “comunicaciones fuera de canal” a las que se refirió la jueza son correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
Días atrás, la Argentina presentó una manifestación de querer colaborar con la Justicia estadounidense en la entrega de esta información.
“Los dos funcionarios de los que se sabe que pidieron son Sergio Massa y Luis Caputo”, señaló Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y experto en litigios contra el país en el exterior. El listado completo de los 35 funcionarios y exfuncionarios no trascendió hasta el momento.
Fuentes oficiales explicaron a LA NACION que ese escrito presentado no implica que el Gobierno vaya a entregar chats, sino a intermediar para que 35 funcionarios y exfuncionarios brinden su consentimiento y remitan la información -de carácter privada- solicitada por la Justicia estadounidense. Esta jugada de la Argentina persiguió el objetivo de no entrar en desacato.
La resolución de la cuestión de fondo también se encuentra en suspenso (la apelación de la Argentina contra el fallo de primera instancia). Casi 15 días atrás se desarrolló una audiencia en Nueva York, en la que los defensores del país y sus demandantes cruzaron argumentos para dar vuelta el fallo de Preska, en el caso argentino, y para mantenerlo, en el caso de los demandantes.
“Están tratando de convertir a los tribunales de Estados Unidos en un casino”, lanzó el abogado Robert Giuffra, contratado por la Argentina para ejercer su defensa. Del otro lado, el abogado Paul Clement, de los demandantes (Burford y Eton Park), defendió el fallo en primera instancia que obtuvieron a su favor: “La jueza [Loretta] Preska realizó un gran trabajo en este caso”.
Estos textuales reflejan las posiciones y todo lo que está en juego en la apelación solicitada por la Argentina: en caso de tener éxito el recurso del país, puede revertirse la sentencia que lo obliga a pagarle a sus demandantes US$16.100 millones, más intereses.
