ROMA.- En lo que significó un revés para Giorgia Meloni y un nuevo escándalo político, fue arrestado este miércoles en Tripoli, Libia, un exgeneral libio que había sido detenido en enero pasado en Italia por mandato de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, pero que fue poco después liberado y repatriado tras una polémica decisión del gobierno.
Se trata de Osama Njeem Almasri, excomandante de la prisión libia de Mittina, acusado por la CPI de crímenes contra la humanidad por haber torturado a decenas de detenidos.
El exgeneral había sido arrestado en Turín el 19 de enero pasado y, pese a un mandato de arresto internacional, por supuestas cuestiones técnico-jurídicas incomprensibles, no sólo fue excarcelado dos días más tarde, sino que fue devuelto a Libia en un vuelo de Estado italiano, algo que provocó una gran controversia. En ese momento, de hecho, salió en todos los diarios italianos una foto de Almasri, más que sonriente, bajando de un pequeño jet italiano que lo llevó de regreso a Trípoli, donde fue recibido como un héroe.
Según el Corriere della Sera, Almasri fue acusado en su patria de torturar a migrantes y causar la muerte de uno de ellos.
La nueva detención preventiva fue ordenada por el fiscal general Sadiq al-Sour, según informó Al Ahrar, tras una investigación sobre la muerte de un preso en la Fundación para la Reforma y la Rehabilitación, una cárcel de Trípoli. Al menos diez internos fueron presuntamente maltratados allí, y las pruebas recabadas fueron suficientes para justificar su arresto. Almasri “se encuentra ahora en prisión preventiva”, aclaró la cadena de televisión libia.
La noticia enseguida causó en Italia reacciones encendidas de la oposición de centroizquierda, que ya a fines de enero pasado había salido a denunciar al gobierno de Meloni por haber incumplido el mandato de captura de la CPI y haber “ayudado a un torturador” a escapar de la justicia. Tanto había sido en ese momento el revuelo por el caso Almasri que la fiscalía de Roma había decidido indagar a Meloni por los delitos de complicidad y peculado, junto a los ministros de Justicia, Carlo Nordio, y del Interior, Matteo Piantedosi. En agosto pasado, no obstante, la premier (sólo ella) quedó fuera de esa investigación.
“Las autoridades libias han ordenado el arresto de Almasri por tortura y homicidio. El mismo criminal que Meloni, Nordio y Piantedosi liberaron y acompañaron a casa con un vuelo de Estado, después de que la magistratura y las fuerzas del orden italiano lo habían detenido en nuestro país por un mandato de arresto de la CPI. Evidentemente para la fiscalía de Libia el derecho internacional no vale ‘hasta cierto punto’, como para el gobierno italiano”, clamó Elly Schlein, líder del Partido Democrático, el principal de la oposición de centroizquierda.
Schlein fue más allá y definió el caso como “un papelón vergonzoso a nivel internacional” del gobierno italiano, que “debe pedirles disculpas a los italianos”, según reclamó.
No se quedó atrás el expremier Giuseppe Conte, líder del Movimiento Cinco Estrellas, que directamente habló de una “humillación” para el gobierno Meloni. “Al final Almasri, un torturador con acusación incluso de violaciones de niños, fue arrestado en Libia. En cambio, nuestra premier y nuestros ministros lo hicieron volver a casa con vuelos de Estado, con nuestra bandera, pisoteando el derecho internacional y la CPI, cuyo estatuto fue firmado en Roma”, recordó. “¡Qué vergüenza para nuestra imagen! Esta no es Italia”, deploró.
Un tono parecido usó el ex premier Matteo Renzi, de Italia Viva, que consideró que la premier, junto a sus ministros, con el caso Almasri escribió “una página vergonzosa en la historia de las instituciones de nuestro país”.
“El gobierno Meloni es el gobierno de la injusticia”, sumó, aludiendo también, en parte, a la polémica reforma de la justicia que fue aprobada la semana pasada, que deberá ser sometida a un referéndum confirmativo el año próximo.
En medio de una catarata de comentarios similares, desde el gobierno de derecha, evidentemente helado por la noticia del arresto, reinaba el silencio de radio.
“No me estoy ocupando [del caso]”, fue el escueto comentario del vicepremier y canciller, Antonio Tajani, al ser interpelado por cronistas a media tarde. Más tarde, fuentes del gobierno hicieron saber a la prensa italiana que, en verdad, “el gobierno sabía ya en enero de la existencia de un mandato de arresto en Libia contra Almasri” y que justamente por ese motivo decidió expulsarlo a su país.
En medio de un clima al rojo vivo, la abogada de una mujer oriunda de Costa de Marfil, desde hace años residente en Italia, que fue víctima de las torturas de Almasri, adelantó que pedirá una indemnización al gobierno.
“Estoy muy feliz, pero para el Estado italiano es un papelón”, dijo la abogada Angela Bitonti a la agencia ANSA. “Todavía debemos entender cómo seguirá el caso, si será procesado en Libia o si será entregado a la CPI”, agregó. “Tengo esperanza de que mi asistida pueda obtener justicia, pero, como ciudadana italiana, me siento totalmente decepcionada y mortificada porque Italia no avanzó con el arresto cuando tenía entre sus manos a Almasri”, concluyó.
