En medio de la tensión en Río de Janeiro por el megaoperativo antinarco y el temor por una posible respuesta del Comando Vermelho, distintos gobernadores de derecha se reunieron en el Palacio de Guanabara para marcar responsabilidades al gobierno nacional de Luiz Inácio Lula da Silva y cuestionar la tramitación del Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) sobre Seguridad Pública en el Congreso. Además, el grupo de mandatarios locales anunció la conformación de un “consorcio de paz”.
Según informó el medio local O Globo, el nuevo consorcio estará conformado por el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, y otros cuatro mandatarios de las regiones sur, sudeste y oeste, todos afines a Jair Bolsonaro: Romeu Zema, de Minas Gerais; Ronaldo Caiado, de Goiás; Jorginho Mello, de Santa Catarina; Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul; y Celina Leão, vicegobernadora del Distrito Federal. A su vez, Tarcísio de Freitas, de San Pablo, se ausentó por cuestiones de agenda pero participó de la reunión por videollamada.
Castro aseguró que el consorcio buscará permitir que los estados actúen conjuntamente en materia de seguridad, compartiendo información, equipo y tropas, y tendrá su sede en Río de Janeiro. También señaló que espera que la ciudad sea un “laboratorio para la recuperación de territorios y el control de armas” y advirtió que durante la operación antinarco del martes se demostró la necesidad de “coraje” y “eficacia”.
“Nuestra principal preocupación no es menoscabar la autonomía de los estados. No se puede tratar a Rio Grande do Sul igual que a Río de Janeiro o Acre. Tememos algo similar al decreto de finales del año pasado, que establecía que a quien no siguiera ciertas directrices sobre el uso de la fuerza se le impediría recibir los recursos constitucionales en materia de seguridad pública. Eso, en efecto, es inconstitucional, ilógico y contrario a todo“, declaró.
Por su parte, Mello, de Santa Catarina, llamó al gobierno de Lula a ayudar a los estados con un control fronterizo reforzado y equipando a las fuerzas de seguridad locales, y añadió: “En este consorcio integraremos a los estados con todos los recursos necesarios: personal, inteligencia, apoyo financiero. Todo lo que haga falta. Así podremos aportar lo mejor de lo que disponemos. Contamos con personal altamente cualificado. De esta forma, también podremos adquirir equipos de todo tipo en consorcio, lo que nos permitirá reducir el precio”.
Este miércoles, Lula habló por primera vez del megaoperativo y confirmó que ordenó la conformación de una oficina conjunta entre las autoridades nacionales y las locales para enfrentar al crimen organizado. En tanto, indicó que su administración no puede aceptar que el crimen organizado siga “destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades”.
Horas antes, el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, había dicho que el mandatario está “horrorizado” por el número de muerto que dejó el megaoperativo de este martes. A su vez, al ser preguntado sobre la posibilidad de decretar una Garantía de Orden Público (GLO) argumentó que el Poder Ejecutivo no podía adoptar esta medida unilateralmente sino a pedido del gobernador de Río de Janeiro, el bolsonarista Cláudio Castro, con quien desde este martes intercambiaron acusaciones y pases de factura.
