RÍO DE JANEIRO.- Tras el espectacular operativo contra el narcotráfico en las favelas de río, y mientras todavía se escuchaban balazos aislados y se elevaba el humo del fuego en distintos sectores, se desató una polémica entre las autoridades del estado de Río de Janeiro y el gobierno federal de Lula da Silva.
El gobernador de Río, el conservador Claudio Castro, cercano al expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, calificó de “éxito” la megaoperación y afirmó que “las únicas víctimas fueron policías”.
La declaración se produjo tras la reunión del gobernador, celebrada el miércoles por la mañana, con miembros de la cúpula de seguridad pública del estado y gobernadores aliados de derecha para evaluar la ofensiva contra el Comando Vermelho, llevada a cabo el día anterior.
Castro había cuestionado el martes la soledad en que según dijo lo dejó la administración federal del izquierdista Lula en el despliegue del operativo contra Comando Vermelho.
“La operación de hoy tiene muy poco que ver con la seguridad pública. Es una operación de defensa del Estado. Es una guerra que trasciende los límites de lo que el Estado debería librar solo. Para una guerra como esta, que no tiene nada que ver con la seguridad urbana, deberíamos contar con mayor apoyo, incluso de las Fuerzas Armadas. Es una lucha que ya trasciende el concepto mismo de seguridad pública, consagrado en la Constitución. Río está solo en esta guerra”, dijo Castro.
La declaración de Castro destacó la necesidad de la intervención del gobierno federal, concretamente de las Fuerzas Armadas.
Según el gobernador, su solicitud de asistencia con vehículos blindados de la Marina y el Ejército fue denegada tres veces. Castro también advirtió sobre la posibilidad de fuertes represalias por parte de delincuentes ante el número de muertes e incautaciones.
Pero miembros del gobierno creen que las declaraciones de Castro culpando a la falta de apoyo federal por la crisis de seguridad son una maniobra política de cara a las elecciones del próximo año.
Los vehículos blindados exigidos por Castro, que se convirtieron en el centro del intercambio de acusaciones tras la megaoperación, se solicitaron por primera vez en enero pasado, tras la muerte de una médica de la Armada por una bala perdida en el Hospital Naval Marcílio Dias, en la Zona Norte de Río, señaló O Globo.
En ese momento, la capitana Gisele Mendes de Souza e Mello, de 55 años, recibió un disparo en la cabeza durante una ceremonia en el auditorio de la Escuela de Salud de la Armada, que forma parte del complejo hospitalario en el barrio de Lins de Vasconcelos.
Según fuentes entrevistadas por O Globo, la Armada incluso ubicó vehículos blindados alrededor del hospital, dentro del límite legal de 1,4 km alrededor de las instalaciones de las Fuerzas Armadas.
Una carta de Castro enviada al ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, formalizó luego la solicitud del gobierno del estado para que se le proporcionara los mismos vehículos para un uso más visible.
“Solicito respetuosamente la valiosa cooperación y el apoyo logístico de la Armada de Brasil mediante la provisión de vehículos blindados, con sus respectivos operadores y mecánicos, para asistir en las intervenciones policiales en zonas de alto riesgo del estado de Río de Janeiro», decía el documento con el pedido formal de Castro.
Sin embargo, la transferencia de los vehículos blindados de la Armada fue vetada al llegar al Estado Mayor y enfrentó la oposición directa de Lula. Según el círculo íntimo del presidente, los vehículos militares solo podrían utilizarse en operaciones en Río mediante una operación de Garantía de Orden Público (GLO), propuesta que fue rechazada.
La GLO es el instrumento mediante el cual las Fuerzas Armadas pueden desplegarse en intervenciones de seguridad pública y es prerrogativa exclusiva del presidente. La operación ya ha sido activada por Lula en dos ocasiones en Río de Janeiro durante su tercer mandato: la primera en los puertos de la capital y la ciudad de Itaguaí, y la segunda durante la Cumbre del G20 en noviembre de 2024.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, dijo a la prensa que Castro no se había puesto en contacto con él para hablar sobre la operación de este martes y afirmó que la implementación de una GLO “requiere una serie de condiciones y requisitos”.
El Palacio de Planalto no ve ninguna posibilidad de que el presidente adopte la GLO ante el agravamiento de la crisis de seguridad en Río de Janeiro. De hecho sus asesores creen que es improbable que Lula utilice las Fuerzas Armadas para operaciones vinculadas con la violencia urbana.
Se espera que Lula encabece una reunión con ministros este miércoles para evaluar la situación en Río de Janeiro tras la megaoperación contra el Comando Vermelho.
El presidente llegó a Brasilia la noche del martes, tras un viaje a Malasia, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Lula se reunirá con el vicepresidente Geraldo Alckmin y varios ministros, como Rui Costa, Jefe de Gabinete, y Gleisi Hoffmann, Relaciones Institucionales.
El martes, Alckmin ya presidió una reunión de emergencia para analizar la crisis, a la que asistieron varios ministros, así como autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Tras la reunión, el Palacio de Planalto informó que Rui Costa “contactó al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, y le comunicó la disponibilidad de plazas en prisiones federales para recibir a presos de grupos criminales que actualmente cumplen condena en unidades del sistema penitenciario de Río de Janeiro, con el objetivo de trasladarlos a centros de máxima seguridad”.
Agencias ANSA, AP, AFP y diario O Globo
