BRASILIA.- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está “horrorizado” por el número de muertos que dejó el martes la operación antinarco más letal de la historia de Rio de Janeiro, dijo el miércoles su ministro de Justicia, mientras se esperaba una reunión entre las autoridades nacionales y las estatales en medio de una fuerte tensión política.
Más de cien personas murieron en la megaoperación policial del martes contra el grupo criminal Comando Vermelho, que dejó al estado de Río de Janeiro sumido en el caos y el terror, según las autoridades.
Tras su regreso de una gira de Asia, Lula se reunió este miércoles en el Palacio de la Alvorada con Lula el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y parte del gabinete para debatir sobre la situación crítica en Río de Janeiro. Además, Lewandowski habló sobre el tema junto al director general de la Policía Federal, Andrei Passos.
“El presidente estaba horrorizado por el número de incidentes fatales. [Lula] se mostró sorprendido de que se lanzara una operación [de esta magnitud] sin conocimiento federal”, afirmó Lewandowski.
Al ser preguntado sobre la posibilidad de decretar una Garantía de Orden Público (GLO), el ministro de Justicia argumentó que el Poder Ejecutivo no podía adoptar esta medida unilateralmente sino a pedido del gobernador de Río de Janeiro, el bolsonarista Cláudio Castro, con quien desde este martes intercambiaron acusaciones y pases de factura.
“El decreto del GLO es una decisión del Presidente de la República. Primero, él [Castro] debe reconocer la incapacidad de las fuerzas locales para combatir el crimen organizado y, sobre todo, el estado de agitación en el que se encuentra Río de Janeiro. Esto depende de él. Esta hipótesis no se abordó porque no se planteó el tema. No hay ninguna solicitud”, dijo Lewandowski.
La GLO es el instrumento mediante el cual las Fuerzas Armadas pueden desplegarse en intervenciones de seguridad pública y es prerrogativa exclusiva del presidente. La medida ya ha sido activada por Lula en dos ocasiones en Río de Janeiro durante su tercer mandato: la primera en los puertos de la capital y la ciudad de Itaguaí, y la segunda durante la Cumbre del G20 en noviembre de 2024.
El gobernador Castro, del Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro, denunció el martes que Río estaba “solo en esta guerra” y reclamó más apoyo de parte del gobierno federal para combatir el crimen, en una crítica al gobierno de Lula da Silva, que desmintió haber recibido pedidos de asistencia para el operativo.
El ministro de Justicia recalcó este miércoles que el gobierno federal está dispuesto a colaborar con Río de Janeiro con expertos forenses, médicos y la información de la base de datos de ADN, y se refirió a la visita de una delegación del gobierno de Lula a Río para una “reunión de urgencia” con Castro.
“Escucharemos al gobernador y averiguaremos qué necesita”, dijo.
El ministro reiteró que la Fuerza de Seguridad Nacional está presente en Río desde 2023. “Hemos tenido 11 renovaciones a pedido del gobernador. Tenemos una intensa operación de la Policía Federal que ha desarticulado varias bandas de narcotráfico y tráfico de armas”, explicó.
Por otro lado, gobernadores opositores a Lula se movilizaron para mostrar su apoyo a Castro en medio de la tensión política y se reunieron primero virtualmente y luego planeaban hacerlo también en persona en la tarde del miércoles.
Entre los gobernadores que se reunieron de manera virtual esta mañana estaban el de Minas Gerais, Romeu Zema, quien lanzó la convocatoria; el de San Pablo, Tarcísio de Freitas, considerado un “presidenciable” para las elecciones del año próximo, el de Goiás, Ronaldo Caiado, y de Mato Grosso, Mauro Mendes, ambos de União Brasil; y el de Santa Catarina, Jorginho Mello, del PL, igual que Castro.
Otros gobernadores, como el de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, y el de Paraná, Ratinho Jr., ambos del Partido Social Democrático (PSD), no participaron de la reunión, pero se pusieron en contacto con Castro para ofrecer su apoyo.
“Varios gobernadores expresaron su solidaridad, felicitando y reconociendo la valentía de Río de Janeiro por dar el primer paso para resolver este problema en la lucha contra esta guerra. Estoy muy agradecido con mis colegas gobernadores, y la ayuda que proponen será sin duda bienvenida”, dijo Castro este miércoles.
Castro también afirmó que la ayuda sugerida por los demás gobernadores se decidirá técnicamente, de acuerdo con las necesidades establecidas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado. “No con el deseo de llenar este lugar de policías, eso definitivamente no es lo que necesitamos”, declaró.
Este miércoles, vecinos de una favela del norte de Rio de Janeiro colocaron decenas de cuerpos alineados en una plaza este miércoles, un día después de la operación policial que ya es la más mortal de Brasil, con el último balance oficial de 119 muertos, de los cuales 115 son señalados como sospechosos y cuatro eran policías. La defensoría pública del estado de Rio cifró en 132 el número total.
El letal operativo, que se produjo una semana antes de que Brasil acoja la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, tenía como objetivo debilitar el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Rio que opera en las favelas.
Varios grupos de la sociedad civil criticaron las numerosas bajas causadas por la operación. La oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que se suma a una tendencia de consecuencias letales extremas de las redadas policiales en las comunidades marginadas de Brasil.
“Recordamos a las autoridades las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos e instamos a que se lleven a cabo investigaciones rápidas y eficaces”, dijo en un comunicado.
Mientras tanto, 30 organismos de derechos humanos, incluido Amnistía Internacional, denunciaron que la acción pone a la ciudad “en un estado de terror”.
El gobernador Castro negó que la policía hubiese matado a inocentes durante esta operación fruto de una investigación de más de un año. “El conflicto fue en el bosque. No creo que hubiese nadie paseando por el bosque durante un día de conflicto: por eso se puede clasificar tranquilamente” de criminales a los fallecidos, dijo.
Hasta ahora la operación contra el crimen más letal en la historia de Brasil era la masacre de Carandiru ocurrida el 2 de octubre de 1992. Ese día 111 detenidos fueron asesinados en una intervención de la policía militar que buscaba controlar un motín en ese penal del estado de San Pablo.
Agencias AFP, AP, Reuters y diario O Globo
