La gestión de Javier Milei tendrá que ponerse en contacto con exfuncionarios de la administración de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa para solicitarles sus chats de WhatsApp y entregárselos a la Justicia de Estados Unidos por el caso YPF. También a algunos de sus propios funcionarios. Sucede que la defensa de la Argentina aceptó la orden judicial estadounidense, pero solicitó extender el plazo. Es una sorpresa jurídica atada al pleito más grande que enfrenta el país.
Todo esto ocurrió en la previa del comienzo del “día D” en el otro expediente por el caso YPF, que es el de la cuestión de fondo. Este miércoles, la defensa argentina tiene la audiencia por la apelación al fallo en primera instancia que ordena pagar US$16.100 millones por la expropiación.
En paralelo, tramita la otra causa, conocida como “discovery”, en la que la Justicia neoyorquina solicitó las comunicaciones de altos funcionarios.
“Se ordena a la República recopilar y presentar estas comunicaciones fuera de canal a más tardar el 30 de octubre”, dictó la jueza Loretta Preska en una audiencia celebrada del 9 de octubre, por el expediente conocido como “discovery”.
Esta orden implica entregar correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández. La solicitud forma parte del pleito judicial que discute si YPF es un alter ego del Gobierno o si funciona como una firma que no está supeditada a las órdenes de funcionarios del Ejecutivo. En otras palabras, si una entidad es lo mismo que la otra entidad.
Entonces, al filo de que se cumpliera el plazo máximo estipulado por Preska, la Argentina resolvió acatar. Los abogados que representan al país presentaron un escrito en el que expresaron que entregarán esas comunicaciones de altos funcionarios, pero le solicitaron más tiempo para hacerlo.
“Los dos funcionarios de los que se sabe que pidieron son Sergio Massa y Luis Caputo”, señaló Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y experto en litigios contra el país en el exterior. El listado completo de funcionarios no trascendió hasta el momento.
Fuentes al tanto del litigio señalaron que esto muestra buena disposición de la Argentina y que la cuestión deberá ser resuelta por la jueza Preska o en una nueva audiencia. Hasta el momento, tiene fecha para el 4 de noviembre.
“Una vez que la Argentina haya entregado las comunicaciones, no significa necesariamente que estén completos, satisfactorios”, indicó Maril. Es decir, en esta cuestión también será relevante, además de las fechas y los nombres, el modo en que el país entregará la información solicitada por Preska.
La decisión de la jueza alude a las “off channel communications”. Tal cual indicó Maril, esto implicaría la entrega de “todas las decisiones, comunicados, actos gubernamentales relacionados y realizados por funcionarios argentinos mediante WhatsApp, emails, que la Argentina dice que no son elementos oficiales, deben ser producidos y entregados de cualquier manera”.
Este expediente, conocido como “discovery”, busca determinar si son alter ego de la República Argentina Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat y el Banco Central, además de YPF. Se trata de la búsqueda de activos del país para que los demandantes puedan cobrar la sentencia.
La cuestión de fondo es la condena por US$16.100 millones contra la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, que el país apeló. En caso de que esa sentencia quedara firme y el Estado se negara a pagar dicha suma, la Justicia podría avanzar contra los bienes declarados “alter ego”, que devienen del expediente conocido como “discovery”.
Por lo tanto, esta es otra de las ramificaciones del caso más importante que involucra directamente a la expropiación de la petrolera.
A propósito de la apelación de la Argentina por la cuestión de fondo, este miércoles es considerado un “día D” en los despachos oficiales. A las 12 hora local, 11 de la mañana en Nueva York, los abogados que representan a la Argentina tendrán la audiencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. Durante 30 minutos expondrán ante los magistrados los argumentos con los que el Gobierno busca revertir el fallo en primera instancia, también dictado por la jueza Preska.
“Es el mayor litigio internacional del país”, comentaron en despachos oficiales. Para Maril, “es el día más importante de los últimos 10 años del juicio por YPF”.
El 16 de septiembre de 2023, Preska resolvió que la Argentina debe pagar a los demandantes por la expropiación de YPF la suma de US$16.100 millones. En junio de este año, dictaminó que el país debía entregar las acciones que posee sobre la petrolera. Todo fue apelado y este miércoles la disputa se acerca a zona de definición.
Del otro lado de la Argentina está Burford, un buffet de abogados que adquirió los derechos de reclamos judiciales de Petersen, uno de los viejos accionistas de YPF, y es el demandante en este pleito judicial contra el país. “Actualmente, hay procedimientos de reconocimiento pendientes en el Reino Unido, Francia, Irlanda, Canadá, Australia, Luxemburgo, Brasil y Chipre; la Argentina se resiste vigorosamente a cada uno de ellos”, sostuvo un comunicado de la firma.
Las partes poseen 30 minutos para defender su posición: primero los abogados de la Argentina, luego los representantes de Burford, y después los de YPF. Las exposiciones pueden ser interrumpidas por preguntas de los jueces e incluso por interpelaciones de los otros actores del juicio.
Se trata de la defensa oral y cara a cara, dado que los argumentos de la Argentina ya fueron presentados por escrito. Entonces, será una oportunidad para ampliarlos y para cuestionar a las otras partes. Es por ello que el subprocurador Juan Ignacio Stampalija se encuentra hace dos semanas en Nueva York, enfocado en la preparación de esta instancia.
Fuentes al tanto del desarrollo del litigio indicaron a LA NACION que los abogados que representan a la Argentina practican en una especie de sala de situación, donde algunos exponen los argumentos esgrimidos por el país y otros actúan como si fueran la parte demandante e interrumpen para hacer preguntas en presuntos puntos débiles. Asimismo, también ensayan qué tipo de exposición pueden realizar los representantes de Burford y qué preguntas realizarles.
La postura argentina se resume en cuatro argumentos. El primero de ellos alude a una supuesta violación de la inmunidad soberana. De acuerdo con la Procuración, “la práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones”, según un escrito presentado hace un mes ante la misma Corte de Apelaciones.
El segundo fundamento hace referencia a una “interpretación errónea del derecho de Nueva York”. Según la Procuración, el fallo de Preska aplica “indebidamente la norma de ‘turnover’, que jamás fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio”.
A su vez, la defensa argentina planteó la “inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas” en el caso. “Las acciones de YPF no están ‘en los Estados Unidos, nunca fueron utilizadas en una actividad comercial en EE.UU. ni en la actividad comercial que dio origen al reclamo’”, explicó la Procuración.
Y el último punto destacado en la apelación de la Argentina señala una presunta violación del derecho argentino e internacional. “La orden judicial fuerza a la Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones. Además, contradice el principio de cortesía internacional (“comity”) y la doctrina del acto de Estado (“act-of-state doctrine”), pilares de las relaciones entre naciones», ampliaron desde la Procuración.
Asimismo, fuentes oficiales señalaron que un punto adicional es el monto de la sentencia en primera instancia dictada por Preska, en caso de que sea confirmada. La cifra de US$16.100 millones es considerada excesiva y, a su vez, cuestionan que su conversión tenga que ser realizada a tipo de cambio del momento del fallo ($365,50), dado que defienden que, en esa hipotética situación, debería ser con la cotización del momento de expropiación de YPF (alrededor de $8).
Entonces, se abren dos posibles escenarios después de la audiencia de apelación de este miércoles. Si bien la resolución final no se conocerá inmediatamente, los magistrados pueden hacer lugar a la petición argentina o rechazarla.
En caso de ser exitoso el reclamo de la Argentina, en los despachos oficiales confían que todos los otros litigios vinculados al caso YPF también queden sin efecto. Entre ellos se encuentra el expediente que busca determinar si la petrolera es un alter ego del Estado, trámite judicial por el que se puso una fecha límite a funcionarios argentinos a entregar sus chats personales.
El segundo escenario, el del rechazo a la apelación argentina, sería entendido como un mal resultado pero no como el definitivo. Fuentes al tanto del litigio aseguraron que todavía quedarían otras instancias, como el rehearing, que vendría a ser una revisión de la apelación, o hacer escalar el expediente hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
