QUITO.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó este martes la eventual instalación de una base militar extranjera en el archipiélago de Galápagos, cuando Estados Unidos refuerza su ofensiva contra el narcotráfico en la costa del Pacífico.
Por iniciativa del mandatario, los ecuatorianos decidirán el 16 de noviembre en un referéndum si desean o no permitir que bases militares extranjeras operen en el país, lo que está prohibido en la Constitución desde 2008.
Noboa es uno de los principales aliados del gobierno estadounidense de Donald Trump en la región y defiende su campaña militar en aguas internacionales cuyos más recientes ataques en el Pacífico dejaron 14 muertos.
Según el mandatario, un punto estratégico en la guerra contra las drogas sería Baltra, una pequeña isla del archipiélago de Galápagos.
“Hay que dejar bastante claro la razón de Baltra. Uno, pesca ilegal; dos, narcotráfico; tres, control sobre tráfico de combustibles que se mueve de allá. Y también va a generar no solo seguridad, sino beneficios a la población de Galápagos”, señaló el mandatario en una entrevista.
El archipiélago de Galápagos está a 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, un punto estratégico del Pacífico. Las islas, sobre todo, son conocidas por su excepcional biodiversidad, con flora y fauna únicas en el mundo como las iguanas rosadas o las tortugas gigantes.
Este Patrimonio Natural de la Humanidad de ecosistemas frágiles es cuna de la teoría de la evolución de las especies, y es un ejemplo mundial de conservación.
Opositores de Noboa consideran la reinstalación de bases un peligro para la soberanía territorial y la conservación de especies endémicas, lo que el mandatario rechaza. “No es regalar soberanía absolutamente a nadie. La última palabra la tiene el gobierno ecuatoriano”, afirmó.
La isla de Baltra, donde opera uno de los dos aeropuertos del archipiélago, fue una base militar estadounidense durante la Segunda Guerra mundial junto al balneario de Salinas, en el continente. Una base militar “no es para afectar Galápagos ni para regalar Galápagos, es para proteger Galápagos”, insistió Noboa.
El presidente considera la posibilidad de instalar varias bases y no solamente militares.
“Se habla de bases extranjeras (…) puede haber una base de control de pesca ilegal, de varios países que estén ahí, puede haber otra base de control de drogas, puede haber otra base de Homeland Security, que los Estados Unidos está interesado (…) y controlar el problema lejos de sus fronteras», dijo el mandatario.
El Departamento de Homeland Security o Seguridad Nacional de Estados Unidos en español protege al país de posibles amenazas, y sus funciones abarcan la prevención del terrorismo, el control fronterizo y la gestión migratoria, entre otras.
La cercanía entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos le llevó a decir en septiembre al secretario de Estado Marco Rubio que Estados Unidos podría “asentar sus tropas militares en Ecuador para enfrentar en conjunto al narcotráfico y el crimen organizado”.
Científicos denunciaron en su momento que la antigua base militar de Baltra espantó a las iguanas terrestres y que con los uniformados llegaron perros y gatos que amenazaron la supervivencia de las especies propias de las islas.
Aunque menos probables, Noboa también habló de bases extranjeras en Salinas y Manta. En el puerto ecuatoriano de Manta también operó una base militar estadounidense para control del narcotráfico hasta que finalizó el acuerdo en 2009. El balneario de Salinas, en la provincia de Santa Elena (suroeste), tiene la facilidad de ya contar con la infraestructura para reinstalarla.
Desde principios de septiembre el gobierno de Trump realiza ataques contra supuestas narcoembarcaciones en el Caribe y el Pacífico, en una ofensiva que los expertos consideran ilegal. Desde entonces murieron al menos 57 personas.
Noboa tiene sus propios problemas en relación con el narcotráfico, con una gran actividad de bandas criminales operando en sus costas, lo que sumió al país en una espiral de violencia criminal, con uno de los mayores índices de muertes violentas del continente.
Varias provincias costeras están bajo estado de excepción debido al narcotráfico. Noboa también tenía bajo estado de excepción a otras diez provincias debido a las protestas indígenas que cuestionaron la quita del subsidio al diésel, que encareció todavía más el costo de vida de las ya empobrecidas comunidades indígenas.
Pasadas las protestas, el presidente derogó este martes la vigencia del estado de excepción para esas provincias. El nuevo documento establece que se retiraron estas medidas de restricción de movimientos y libertades en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
Aunque el cese de las protestas fue anunciado el pasado 22 de octubre tras un mes de disturbios, marchas y cientos de detenidos, la medida seguía en vigor. La larga disputa dejó tres muertos y decenas de heridos.
“Este paro pudo haberse evitado si hubiera existido diálogo y sensibilidad antes de imponer decisiones que afectan a los más pobres», dijo el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, en redes sociales.
No obstante, las organizaciones indígenas siguen reclamando el subsidio al combustible y garantías de una salud y educación de calidad, así como el cese de la minería a gran escala.
Agencias AFP y DPA
