Desde las 11 de este miércoles, en Nueva York, la Argentina jugará una de sus últimas cartas para evitar pagar US$16.100 millones. Será el capítulo “Apelación” de la trama que inició con la expropiación de YPF durante el mandato de Cristina Kirchner y continuó con un juicio y un fallo desfavorable en primera instancia al final de la gestión de Alberto Fernández. Ahora la administración de Javier Milei busca desactivarlo.
Los abogados de la Procuración del Tesoro tendrán su “Día D”, cuando comience la audiencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Durante 30 minutos expondrán ante los magistrados los argumentos con los que el Gobierno busca revertir el fallo en primera instancia dictado por la jueza Loretta Preska.
“Es el mayor litigio internacional del país”, comentaron en despachos oficiales. Se trata de una disputa judicial que se desarrolla en los tribunales de Nueva York, cuyo primer capítulo dejó un resultado adverso para el país. El 16 de septiembre de 2023, Preska resolvió que la Argentina debe pagar a los demandantes por la expropiación de YPF la suma de US$16.100 millones. En junio de este año, dictaminó que el país debía pagar parte de ello con las acciones que posee sobre la petrolera. Todo fue apelado y este miércoles la disputa se acerca a zona de definición.
Del otro lado de la Argentina está Burford, un buffet de abogados que adquirió los derechos de reclamos judiciales de Petersen, uno de los viejos accionistas de YPF, y es el demandante en este pleito judicial contra el país. “Actualmente, hay procedimientos de reconocimiento pendientes en el Reino Unido, Francia, Irlanda, Canadá, Australia, Luxemburgo, Brasil y Chipre; la Argentina se resiste vigorosamente a cada uno de ellos”, sostuvo un comunicado de la firma.
Para el consultor de Latam Advisors y especialista en litigios contra el país en el exterior Sebastián Maril, la audiencia de este jueves es “el evento más importante en los 10 años que tiene el juicio por YPF”.
El abogado recordó que una apelación “no es un juicio nuevo”, sino que funciona como una revisión sobre el accionar del juez del tribunal del fuero anterior, en este caso, Loretta Preska.
La audiencia, que comenzará el miércoles a las 12 del mediodía, hora de Buenos Aires, tendrá una dinámica distinta. Las partes poseen 30 minutos para defender su posición: primero los abogados de la Argentina, luego los representantes de Burford, y después los de YPF. Las exposiciones pueden ser interrumpidas por preguntas de los jueces e incluso por interpelaciones de los otros actores del juicio.
Se trata de la defensa oral y cara a cara, dado que los argumentos de la Argentina ya fueron presentados por escrito. Entonces, será una oportunidad para ampliarlos y para cuestionar a las otras partes. Es por ello que el subprocurador Juan Ignacio Stampalija se encuentra hace dos semanas en Nueva York, enfocado en la preparación de esta instancia.
Fuentes al tanto del desarrollo del litigio indicaron a LA NACION que los abogados que representan a la Argentina practican en una especie de sala de situación, donde algunos exponen los argumentos esgrimidos por el país y otros actúan como si fueran la parte demandante e interrumpen para hacer preguntas en presuntos puntos débiles. Asimismo, también ensayan qué tipo de exposición pueden realizar los representantes de Burford y qué preguntas realizarles.
La postura argentina se resume en cuatro argumentos. El primero de ellos alude a una supuesta violación de la inmunidad soberana. De acuerdo con la Procuración, “la práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones”, según un escrito presentado hace un mes ante la misma Corte de Apelaciones.
El segundo fundamento hace referencia a una “interpretación errónea del derecho de Nueva York”. Según la Procuración, el fallo de Preska aplica “indebidamente la norma de ‘turnover’, que jamás fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio”.
A su vez, la defensa argentina planteó la “inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas” en el caso. “Las acciones de YPF no están ‘en los Estados Unidos, nunca fueron utilizadas en una actividad comercial en EE.UU. ni en la actividad comercial que dio origen al reclamo’”, explicó la Procuración.
Y el último punto destacado en la apelación de la Argentina señala una presunta violación del derecho argentino e internacional. “La orden judicial fuerza a la Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones. Además, contradice el principio de cortesía internacional (“comity”) y la doctrina del acto de Estado (“act-of-state doctrine”), pilares de las relaciones entre naciones», ampliaron desde la Procuración.
Asimismo, fuentes oficiales señalaron que un punto adicional es el monto de la sentencia en primera instancia dictada por Preska, en caso de que sea confirmada. La cifra de US$16.100 millones es considerada excesiva y, a su vez, cuestionan que su conversión tenga que ser realizada a tipo de cambio del momento del fallo ($365,50), dado que defienden que, en esa hipotética situación, debería ser con la cotización del momento de expropiación de YPF (alrededor de $8).
Entonces, se abren dos posibles escenarios después de la audiencia de apelación de este miércoles. Si bien la resolución final no se conocerá inmediatamente, los magistrados pueden hacer lugar a la petición argentina o rechazarla.
En caso de ser exitoso el reclamo de la Argentina, en los despachos oficiales confían que todos los otros litigios vinculados al caso YPF también queden sin efecto. Entre ellos se encuentra el expediente que busca determinar si la petrolera es un alter ego del Estado, trámite judicial por el que se puso una fecha límite a funcionarios argentinos a entregar sus chats personales.
El segundo escenario, el del rechazo a la apelación argentina, sería entendido como un mal resultado pero no como el definitivo. Fuentes al tanto del litigio aseguraron que todavía quedarían otras instancias, como el rehearing, que vendría a ser una revisión de la apelación, o hacer escalar el expediente hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
