MONTEVIDEO.- Con dos décadas de padecimiento por ELA a cuestas, Beatriz Gelós confía en que el Senado de Uruguay ponga fin el miércoles a años de idas y vueltas parlamentarias para transformar en ley un proyecto de eutanasia que aún enfrenta resistencias.
Bautizada como “Muerte Digna” e impulsada por el partido de izquierda en el gobierno, el Frente Amplio (FA), la iniciativa despenaliza la muerta asistida bajo ciertas condiciones. La Cámara de Diputados le dio media sanción en agosto y en el Senado el FA cuenta con la mayoría necesaria para transformarlo en ley.
«Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada», dijo Gelós días antes de la votación.
Si su deseo se cumple, Uruguay se unirá a un reducido grupo de países que permiten el procedimiento y en el que figuran Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y España.
En América Latina, Colombia despenalizó la eutanasia en 1997 y Ecuador se sumó el año pasado.
Ser mayor de edad, ciudadano o residente y estar psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoque sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida, son algunos de los requisitos.
Según el proyecto, el médico al que se solicita el procedimiento está en condiciones de rechazar el pedido. En esa instancia, el paciente puede hacer una nueva solicitud a otro médico. En caso de que este también rechace el pedido, se deberá convocar a una junta médica que deberá estar integrada por tres médicos, un psiquiatra, un especialista en la patología que padece el paciente y un tercero a definir en la reglamentación de la ley. Las instituciones médicas también pueden rechazar la realización del procedimiento.
Si el médico acepta la solicitud de asistencia para morir, deberá someter el caso a consideración de un segundo médico, que también tendrá acceso al historial clínico del paciente y mantendrá una consulta presencial con el solicitante. Si el segundo médico confirma la opinión del primero, el procedimiento podrá avanzar.
El paciente también deberá pasar por varias instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito y frente a testigos, y puede arrepentirse en cualquier instancia del procedimiento.
El texto aprobado en Diputados incluye además la formación de una comisión de revisión de casos, que deberán reportar sus resultados anualmente.
Podrán ofrecer la eutanasia la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el principal prestador de salud pública de Uruguay, las instituciones privadas de salud sin fines de lucro conocidas como mutualistas, los seguros privados, el Hospital de Clínicas, la Sanidad Militar y la Sanidad Policial, pero no podrán brindarla las clínicas privadas. A efectos legales, los procedimientos de eutanasia se considerarán como muertes naturales, según se pretende establecer en la reglamentación.
Gelós, de 71 años, convive desde los 52 con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que causa una parálisis progresiva de los músculos hasta provocar la muerte del paciente.
En silla de ruedas y con voz entrecortada, confía en que “llegó el momento” de cerrar el debate. Y a quienes se oponen a la eutanasia, les dice “no tienen idea lo que es vivir así”.
Amante de la lectura, fiel a su pasado como profesora, y abuela de dos niños pequeños quiere “tener la opción” de decir basta.
Partes de la misma lucha, la madre y el hermano de Pablo Cánepa intentan hacer oír su voz.
Cánepa, de 39 años, sufre una enfermedad rara e incurable. Paralizado casi por completo y con espasmos, utiliza sedantes. Está lúcido y pide acabar con un calvario que empezó hace cuatro años.
“Pablo está agonizando hace años y la aprobación en diputados fue un verdadero alivio”, dijo su hermano, Eduardo Cánepa.
“Pablo no está viviendo. No es vida esto que tiene”, resumió su madre Mónica.
Para la activista Florencia Salgueiro, de la agrupación Empatía, la clave de la normativa es el respeto que tiene por la voluntad de un adulto de terminar con su suplicio.
Florencia presenció la lucha de su padre por recibir asistencia para poner fin a su vida cuando el ELA hacía insoportable sus días. Pablo Salgueiro murió a los 57 años sin cumplir su deseo.
En la votación en el Senado se prevé estén presentes miembros de las asociaciones Empatía Uruguay y Tenemos ELA, a favor del texto, y de Prudencia Uruguay, entre otros, en contra. Beatriz Gelós también está previsto que asista.
Los defensores del proyecto coinciden en que su redacción brinda garantías y representa la historia de un país acostumbrado a aprobar leyes liberales como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.
Un 62% de los uruguayos está a favor de legalizar la eutanasia y apenas un 24% la rechaza, según una encuesta presentada en mayo por la Consultora Cifra.
El Colegio Médico respetó las diversas posiciones de sus socios y no proclamó una postura ante el tema. Sin embargo, asesoraron en todo el proceso “para tener las máximas garantías para los pacientes y para los médicos”, comentó el presidente de la entidad, Álvaro Niggemeyer.
La Iglesia Católica mostró “tristeza” ante la votación afirmativa en Diputados y la resistencia al proyecto traspasó los ámbitos religiosos. Más de una decena de organizaciones y decenas de personas rechazaron la redacción del proyecto por “deficiente y peligrosa”.
“Se están dejando muy desprotegidas a las personas más vulnerables”, señaló a la AFP Marcela Pérez Pascual, una de las firmantes de la misiva.
Para el Colegio Médico, si es aprobada la instancia de reglamentación será vital para dar más certezas.
Agencia AFP y diario El País (GDA)
