BRASILIA.— La fiscalía de Brasil imputó este lunes al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, por “coacción” debido a sus maniobras para impulsar sanciones de Estados Unidos para interferir en el juicio por golpismo contra su padre, que este mes fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
Eduardo Bolsonaro, instalado desde hace meses en Estados Unidos, fue procesado por “amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes” con que conseguiría “de las autoridades estadounidenses sanciones (…) si el proceso no acababa” como era deseable para su padre, indicó la fiscalía.
Las amenazas eran “inequívocas y consistentes” y buscaron “someter los intereses de la República y de toda la colectividad a sus propios designios personales”, agregó la fiscalía.
“Persecución política”
La inculpación se conoció el mismo día en que Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Brasil.
Trump ya había impuesto aranceles punitivos de 50% a algunas exportaciones brasileñas en represalia a lo que consideró una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro.
Su gobierno también castigó a varios altos funcionarios por el juicio contra el expresidente.
Tras la sentencia del Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro, la Casa Blanca amenazó a Brasil con nuevas medidas. Amenazas que provocaron malestar en el gobierno de Lula, quien se dirigió a Trump en una carta que escribió para The New York Times hace pocos días.
Nuevas represalias
Washington sancionó este lunes a Viviane Barci, la esposa del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que condujo el juicio contra Bolsonaro.
Además de la esposa del juez Moraes, fue penalizada la consultora Lex – Instituto de Estudios Jurídicos, con sede en Sao Paulo, una entidad controlada por Barci de Moraes y otros miembros de la familia
Las medidas aplicadas en el marco de la ley Magnitsky -promulgada en 2012 y que permite a Estados Unidos imponer sanciones económicas a extranjeros que considere que tienen antecedentes de corrupción o abusos a los derechos humanos- implican que la empresa Lex no podrá efectuar ninguna actividad económica que involucre a un ciudadano o empresa estadounidense.
Ese tipo de restricciones se aplicaban ya a su esposo. “La ilegal y lamentable aplicación de la Ley Magnitsky a mi esposa (…) violenta el derecho internacional, la soberanía de Brasil y la independencia judicial”, reaccionó Moraes en una nota.
En paralelo, fue revocada la visa del defensor general del Estado, Jorge Messias. Al ser consultado por la prensa, Messias dijo “recibir sin recelo la medida dirigida” contra él, sin dar más detalles.
Además de Jorge Messias, el funcionario dijo que la administración Trump está revocando las visas del ex procurador general José Levi, el exjuez de la corte electoral Benedito Goncalves, el juez auxiliar y asistente de la Corte Suprema Airton Vieira, el exasistente de la corte electoral Marco Antonio Martin Vargas y de Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, otro asesor judicial de alto rango.
Varios de ellos son o han sido aliados o asesores del juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, quien presidió el reciente juicio de Bolsonaro, y ha recibido la peor parte de la ira de la administración Trump.
Eduardo Bolsonaro vinculó su inculpación a las nuevas sanciones.
Esto “subraya que la persecución política continúa. Pero es una pérdida de tiempo: no nos dejaremos intimidar”, reaccionó en su cuenta de X.
Fuentes cercanas al gobierno Trump explicaron a la AFP bajo anonimato que estas medidas punitivas no serán las últimas.
En conjunto, estas sanciones representan una profundización de una crisis diplomática en curso entre las dos democracias más grandes del hemisferio occidental.
“Alexandre de Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, incluso” contra Bolsonaro, afirmó el Secretario del Tesoro Scott Bessent, en un comunicado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, también lo acusó de “cometer graves abusos contra los derechos humanos”.
El gobierno de Lula recibió “con profunda indignación” la medida y la consideró como un nuevo “intento de injerencia” estadounidense, según un comunicado de la cancillería.
