Las denuncias falsas son una agresión directa contra la justicia y contra la sociedad. El reciente caso en San Juan, donde una mujer reconoció haber acusado a su ex pareja por despecho, revela el impacto devastador de estas prácticas: un inocente señalado, una justicia distraída y, lo más grave, un golpe a la credibilidad de quienes realmente sufren y necesitan ser escuchadas.
Denunciar falsamente no es una travesura ni una reacción emocional, es un delito. Quien utiliza el dolor personal como arma judicial traiciona a todas las víctimas verdaderas y debe enfrentar consecuencias ejemplares. La sociedad no puede permitir que el despecho se disfrace de verdad: cada mentira mina la confianza en el sistema y deja más indefensas a las personas que de verdad reclaman justicia.
