Exigimos fin a las suspensiones injustas de pensiones por discapacidad
La Defensoría del Pueblo de San Juan, encabezada por la Dra. Florencia Peñaloza, exige que la Justicia Federal restablezca de inmediato las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en la provincia desde abril, y que declare inconstitucional el Decreto 843/2024. Esa norma, tal como denuncia la Defensoría, supone un retroceso intolerable en los derechos de las personas con discapacidad.
No estamos frente a un mero trámite administrativo. Miles de personas dependen de estos haberes para subsistir. Suspenderlos significa dejarlos sin ingreso, sin salud, y sin dignidad. Esa precariedad es responsabilidad del Estado.
Por ello, pedimos que:
- Se restituya de inmediato el pago de las pensiones suspendidas.
- Se adapten los procedimientos de auditoría para cumplir lo que mandan la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
- Se prohíba toda nueva suspensión mientras el amparo judicial no se resuelva.
- Se garantice que las decisiones del Estado nunca vulneren derechos fundamentales ni traten con desprecio a los más vulnerables.
La protección de las personas con discapacidad no es una concesión: es un mandato constitucional y una obligación internacional. No vamos a tolerar que se retroceda en derechos humanos bajo el disfraz de políticas administrativas.
