WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos abrió este lunes la puerta a que los agentes federales retomen amplias operaciones de inmigración en Los Ángeles, en un fallo que representa una victoria significativa para el presidente Donald Trump y su agenda de mano dura.
Con seis votos contra tres, la mayoría conservadora suspendió la orden de restricción que impedía las detenciones sin “sospecha razonable”, dispuesta por la jueza federal Maame E. Frimpong en California.
La decisión habilita nuevamente a las llamadas “patrullas itinerantes” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyas actividades habían estado limitadas durante semanas. En una de las ciudades con mayor población migrante del país, el fallo anticipa un endurecimiento de las redadas y marca un giro en la disputa judicial sobre los límites de la actuación federal en materia migratoria.
Frimpong, jueza designada por el expresidente Joe Biden, había argumentado que existía una “montaña de evidencia” sobre abusos cometidos en el área de Los Ángeles. Su resolución prohibía arrestar a personas por criterios como su apariencia, acento, etnia, lugar de trabajo o la presencia en sitios frecuentados por trabajadores inmigrantes (paradas de colectivo, lavaderos de autos, granjas o ferreterías). El Tribunal de Apelaciones había respaldado esa decisión, pero la intervención de la Corte Suprema dejó la medida en suspenso.
Las tres magistradas liberales —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— votaron en contra. En una dura disidencia, Sotomayor denunció que “incontables personas en el área de Los Ángeles fueron agarradas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, sus acentos y el hecho de que se ganan la vida con trabajo manual”. A su juicio, la resolución mayoritaria “innecesariamente somete a muchas más personas a estas mismas indignidades”.
El gobierno republicano había presionado con fuerza para revertir la medida. El Departamento de Justicia argumentó que la orden limitaba de manera indebida la capacidad de ICE para enfrentar la inmigración ilegal. El procurador general D John Sauer defendió que los agentes actúan en función de la condición migratoria, no de la raza o el idioma, pero insistió en que necesitan discrecionalidad amplia para cumplir su tarea. Según sostuvo, la orden de Frimpong incluso amenazaba a los oficiales con sanciones si los jueces consideraban que un arresto no estaba suficientemente sustentado en otros factores.
La decisión se suma a una serie de medidas impulsadas por Trump para mostrar firmeza en el control migratorio, en paralelo al despliegue de operativos en distintas ciudades, incluida la capital federal. En Los Ángeles, epicentro de la querella judicial, las redadas se multiplicaron en las últimas semanas. Activistas denunciaron un operativo en el que agentes descendieron de un camión alquilado y arrestaron a varias personas en un Home Depot.
Organizaciones de defensa de inmigrantes habían promovido la demanda, acusando al gobierno republicano de dirigir sus operativos de manera desproporcionada contra personas de comunidades hispanas.
“Numerosos ciudadanos estadounidenses y otros que están legalmente presentes en este país fueron sometidos a intrusiones significativas en su libertad”, escribieron los abogados de los demandantes. “Muchos fueron físicamente heridos; al menos dos fueron llevados a un centro de detención”.
Documentaron casos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales detenidos arbitrariamente. Uno de ellos, Brian Gavidia, nacido en Los Ángeles, fue arrestado a la salida de un comercio en junio. En un video se lo escucha gritar: “¡Nací aquí en los Estados!”. Fue liberado tras mostrar su identificación, lo mismo que otro ciudadano interceptado en un lavado de autos. Ambos integran la querella que continúa abierta en California.
El fallo de Frimpong, que protegía a unos 20 millones de personas en el área de Los Ángeles —casi la mitad de ellas identificadas como hispanas o latinas—, había sido considerado por la Casa Blanca de Trump como una restricción insostenible para la política migratoria federal. Con la suspensión dispuesta por la Corte Suprema, la protección quedó debilitada, aunque el proceso legal seguirá su curso en tribunales inferiores.
La resolución no clausura el litigio, pero envía un mensaje claro: el máximo tribunal respalda la estrategia de Trump en materia de inmigración y prioriza la flexibilidad de los agentes frente a las garantías constitucionales invocadas por los demandantes. Para las comunidades latinas de Los Ángeles, el fallo abre un escenario de mayor incertidumbre y posibles abusos en barrios obreros y lugares de trabajo.
Agencias AP y Reuters
