WASHINGTON.- Una puja entre la Argentina y los fondos que demandaron al país por la expropiación de YPF -Burford y Eton Park-, amenaza con exponer comunicaciones internas entre altos funcionarios de las administraciones de Alberto Fernández y de Javier Milei, y develar los entretelones del día a día de la gestión oficial y los detalles del vínculo entre el gobierno nacional y la petrolera estatal.
Burford y Eton Park, los fondos que obtuvieron una sentencia a su favor en los tribunales de Estados Unidos para cobrar una indemnización por US$16.100 millones más intereses en la demanda por la expropiación de YPF durante la presidencia de Cristina Kirchner, intentan desde hace meses acceder a información oficial para conseguir que la justicia norteamericana dictamine que YPF y el Banco Central son un “alter ego” de la República Argentina. De conseguirlo, los fondos tendrían luz verde para desplegar una ofensiva global para intentar embargar activos argentinos y forzar el cobro de su sentencia.
Los abogados de la Argentina y de los demandantes llevan varias semanas negociando los términos de un “discovery”, un proceso de la justicia norteamericana que le permite a las partes de un juicio acceder a información que puede luego ser utilizada como evidencia en la causa. El objetivo de Burford y Eton es probar que YPF y el Banco Central y la República Argentina son, a los fines legales, lo mismo, una estrategia para acelerar el cobro de la indemnización a su favor otorgada por la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska. YPF quedó afuera de esa sentencia, que debe ser afrontada por la Argentina.
La negociación sobre el alcance del “discovery” comenzó a decantar a mediados de junio pasado, cuando los demandantes presentaron una propuesta. La Argentina respondió con una contrapropuesta el 27 de julio, según documentos presentados en el tribunal de Preska a los que accedió LA NACION.
Los fondos respondieron el pasado viernes 23 de agosto, sobre la fecha límite para alcanzar un acuerdo, con otra propuesta, mucho más amplia, incluida una lista de 27 funcionarios, contra 18 que había propuesto la Argentina. Incluye al ministro de Economía, Luis Caputo; su antecesor, Sergio Massa; el asesor presidencial, Santiago Caputo –”un consultor que no es funcionario público”, dice el escrito de la Argentina –; el exministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y el exjefe de la Aduana y de la AFIP, Guillermo Michel, y el exsecretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, entre otros.
Además de esa lista más extensa de funcionarios, los demandantes pidieron acceder a más información, incluidas todas las interacciones electrónicas, los correos electrónicos en Gmail y los chats en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, un canal muy común en el país. Los abogados de los fondos argumentaron que “los funcionarios del gobierno argentino se comunican extensivamente a través de cuentas de email no gubernamentales en su capacidad oficial”. Y pidieron acceder también a las “discusiones internas” que involucren al Banco Central y a YPF, además de las interacciones “externas” entre funcionarios y empleados de YPF o la autoridad monetaria.
La Argentina rechazó esa propuesta, a la que tildó de “acoso”. Los abogados del país habían propuesto entregar los intercambios en el Sistema de Gestión Documental Electrónica, que alberga informes y comunicaciones oficiales. La propuesta de los fondos, según los abogados de la Argentina, excede los límites razonables, justificables y legales.
“El esfuerzo de los demandantes por cambiar por completo el terreno sobre el cual las partes han estado negociando, un mes después del hecho, confirma su estrategia de acoso”, dijeron los abogados de la Argentina en un escrito presentado al tribunal que preside Preska.
Uno de los escritos presentados por los fondos, en el que se justifica el listado de funcionarios presentado a Preska, incluye artículos publicados en LA NACION, La Política Online y Página/12 que detallan el papel de Santiago Caputo en el Gobierno, o las recientes críticas de Axel Kicillof al gobierno de Milei por la decisión de YPF de elegir a Río Negro y no a la provincia de Buenos Aires para construir una planta de Gas Natural Licuado.
“Es probable que el Sr. Caputo [por Luis, el jefe del Palacio de Hacienda] tenga información sobre el control que ejerce la República sobre el BCRA, incluidas las instrucciones que el Ministerio de Economía le haya dado al BCRA para implementar políticas económicas. El Sr. Caputo también es responsable de gestionar los intereses de la República en YPF y es probable que tenga información sobre el control que ejerce la República sobre las decisiones de inversión de YPF, incluida su reciente decisión de reubicar el sitio de un proyecto de GNL”, indicaron los demandantes.
Los fondos también dijeron que Santiago Caputo es uno de los “asesores más cercanos” de Milei, y que “administra el presupuesto de publicidad de YPF a través de Guillermo Garat”, antiguo socio en la firma Move Group y actual vicepresidente de Asuntos Corporativos, Marketing y Comunicaciones de YPF.
La negociación entre los abogados de la Argentina y de los fondos se trabó el pasado viernes 23 de agosto. En una llamada, uno de los abogados de los demandantes reconoció, según un escrito presentado por la Argentina, que tanto la lista de funcionarios como los términos de búsqueda de las interacciones eran diferentes de los contemplados en la propuesta original de los demandantes del 18 de junio, pero era el resultado de una “investigación adicional”.
Los abogados del país del estudio Sullivan & Cromwell sostienen que no hay necesidad de un discovery tan amplio, porque el objetivo de la investigación del “alter ego” es establecer el “control diario”, y no “las discusiones internas ni las comunicaciones incidentales”.
Además, los abogados dijeron que exigir que el discovery que buscan los fondos infringiría la soberanía de la Argentina, sería “totalmente inapropiada”, tendría un alcance que no está permitido contra agencias federales o estatales en Estados Unidos, y violaría la ley argentina, porque el país “no puede producir legalmente comunicaciones de las cuentas y dispositivos personales de los funcionarios (como Gmail o WhatsApp) sin obtener su consentimiento”.
“Debido a que la propuesta de la República para las búsquedas de correo electrónico es razonable y proporcional a la investigación del alter ego, y la contrapropuesta de los demandantes es inoportuna e irrazonable, la Corte debería adoptar la propuesta de la República”, pidieron los abogados del país.
De no mediar un acuerdo, la decisión final quedará en manos de Preska.
