BRASILIA.- Antes de que comience el juicio crucial que definirá su futuro, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moraes, ordenó el sábado nuevas medidas para reforzar la vigilancia del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde principios de agosto.
El martes próximo inicia la fase final de su juicio por un presunto intento de golpe de Estado, en la que cinco jueces del Supremo Tribunal se reunirán en Brasilia durante cinco jornadas de audiencia, entre el 2 y el 12 de septiembre, para decidir si condenan o absuelven al exjefe de Estado y a siete de sus excolaboradores.
Bolsonaro es acusado de conspirar para mantenerse en el poder de forma ilegítima tras perder las elecciones de 2022 ante el líder de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva. El exmandatario se enfrenta a aproximadamente 40 años de prisión.
“Tengo cosas mejores que hacer”, respondió Lula cuando se le preguntó si tenía previsto asistir al juicio, en una entrevista a Rádio Itatiaia de Brasil. El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) también declaró que Bolsonaro “tiene que probar su inocencia” en lugar de solicitar la amnistía.
El juez De Moraes dictaminó en el documento judicial de este sábado “inspecciones en el interior y el baúl de todos los vehículos que salgan de la residencia” de Bolsonaro, ubicada en un complejo residencial de lujo en Brasilia.
El magistrado también ordenó la vigilancia del “área exterior de la residencia (…) adyacente a las viviendas vecinas” y justificó la medida por la solicitud de la administración penitenciaria de Brasilia, según la cual hay “puntos ciegos” no visibles desde la fachada de la residencia, lo que representaría un “riesgo” de fuga.
El martes, la Policía Federal solicitó autorización para vigilar el interior de la vivienda del expresidente, pero la Fiscalía se opuso.
El lunes, De Moraes, que preside el juicio contra el exmandatario, ya había reforzado las medidas de vigilancia, ordenando una presencia policial permanente frente a la residencia donde Bolsonaro se encuentra recluido desde el 4 de agosto.
A mediados de este mes, la Policía Federal afirmó haber encontrado un documento en el teléfono del expresidente que contenía una “solicitud de asilo político” en la Argentina dirigida al presidente Javier Milei. La defensa de Bolsonaro rechazó la acusación, afirmando que “un borrador de solicitud de asilo al presidente argentino, fechado en febrero de 2024, no puede considerarse un indicio de fuga”.
“Otra decisión ilegal, paranoica, y que invade la vida privada de las mujeres de la casa de Bolsonaro. Una humillación para Michelle (esposa de Jair), para Laura (su hija), que es menor, y para un expresidente de la república honesto e inocente”, reaccionó en X Flavio Bolsonaro, hijo mayor del exjefe de Estado (2019-2022).
También reaccionó otro de sus hijos, el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, quien se mostró preocupado por el estado de salud de su padre y calificó el arresto domiciliario de “ilegal e inhumano”.
“El viejo está delgado, no quiere alimentarse y sigue enfrentando interminables crisis de hipo y vómitos. Duele mucho ver todo esto”, dijo el viernes en X.
Bolsonaro ha enfrentado recurrentes problemas de salud debido a una puñalada que sufrió en el estómago durante la campaña electoral de 2018.
El exmandatario de 70 años también está obligado a usar una tobillera electrónica por incumplir una prohibición de manifestarse en redes sociales. Estas restricciones se derivan de una investigación abierta en su contra por obstrucción a la justicia.
En caso de condena, que puede ser objeto de apelación, “es posible” que sea enviado de inmediato a prisión, indicó una fuente del tribunal.
Según la fiscalía, el plan de Bolsonaro para garantizar su “mantenimiento autoritario en el poder” contemplaba además el asesinato de Lula antes de su investidura, y también del juez Moraes, con el “consentimiento” de Bolsonaro.
El expresidente niega la totalidad de las acusaciones y denuncia una “persecución política”.
Bolsonaro dice haber sido víctima de un fraude electoral, pero sus ataques sin pruebas al sistema de votación electrónica le valieron ser inelegible hasta 2030.
Interrogado por el STF en junio, Bolsonaro solo reconoció haber intentado buscar “un dispositivo constitucional” para impedir la investidura de Lula.
El caso Bolsonaro abrió también una crisis diplomática y comercial sin precedente de Brasil con Estados Unidos.
Invocando una “caza de brujas” contra Bolsonaro, Trump impuso el 6 de agosto aranceles punitivos de hasta 50% para algunas exportaciones brasileñas.
Washington también ha adoptado sanciones individuales contra funcionarios brasileños, empezando por el juez Moraes, tras una activa campaña en Estados Unidos del hijo de Bolsonaro y diputado, Eduardo Bolsonaro. El expresidente junto a su hijo son ahora sospechosos de obstruir el juicio.
Agencia AFP y diario O Globo
