Como en meses previos, la Secretaría de Energía volvió a reducir el precio que pagan los usuarios por el costo del gas y la electricidad para amortiguar el impacto de la devaluación. El objetivo oficial es que las boletas de servicios públicos aumenten por debajo del 2% y acompañen el proceso de desinflación de cara a las elecciones.
De esta manera, a partir del consumo del próximo lunes, cuando comience septiembre, las facturas subirán en promedio 1,9%. El incremento debería haber sido mayor si el Gobierno mantenía constante el precio mayorista de la generación eléctrica y la producción de gas (PEST y PIST, en la jerga del sector).
“Hasta octubre no vamos a hacer nada distinto”, reconocen en el equipo económico, al explicar esta estrategia.
Tras los fuertes aumentos del año pasado, el Gobierno se hizo de un “colchón” tarifario que le permite mantener los valores relativamente constantes, con subas mensuales cercanas al 2% y sin generar un impacto significativo en las cuentas fiscales.
Además, los costos de gas y de generación eléctrica bajaron este año gracias a la puesta en marcha completa del gasoducto Perito Moreno (antes llamado Néstor Kirchner), que permitió abaratar los precios en invierno.
Aun así, para no comprometer las cuentas públicas, el Gobierno recurrió a una práctica habitual: pospuso los pagos a los productores de gas por los consumos de abril y mayo.
Las empresas productoras, nucleadas en distintas cámaras, enviaron varias notas a la secretaria de Energía, María Tettamanti, y advirtieron que las demoras en los pagos ponen en riesgo los planes de inversión. El próximo 5 de septiembre vence la factura correspondiente a junio —mes de mayor consumo por la demanda invernal— y, de no abonarse, la deuda con las productoras podría superar los US$700 millones.
“Cuando tenemos recursos pagamos, y cuando no, no. Estos días vamos a ver si nos ponemos al día, a medida que mejore la recaudación”, respondieron desde la Secretaría de Energía.
El encargado de autorizar los pagos es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien ejerce un férreo control sobre los gastos. Esto explica, en parte, cómo en julio los subsidios económicos cayeron 15,4% interanual, con un descenso del 34% en los energéticos. Para 2025, se espera que los subsidios energéticos bajen del 0,9% al 0,6% del PBI.
El precio final de las boletas de luz y gas incluye tres componentes: generación eléctrica o producción de gas, transporte a los centros de consumo y distribución a los hogares. A estos se suman impuestos y cargos nacionales, provinciales y municipales, que también impactan en el monto final.
De los tres componentes principales, solo generación eléctrica y producción de gas reciben subsidios. En cambio, las tarifas de transporte y distribución se ajustan automáticamente mediante una fórmula polinómica que sigue la inflación.
La Secretaría de Energía únicamente puede intervenir en el componente subsidiado. Por eso aumenta o reduce el precio de referencia de modo que el ajuste total en las facturas se mantenga cerca del 2%.
Como ocurre con todos los servicios energéticos, la cadena de provisión de gas está dolarizada. El tipo de cambio de referencia se calcula con el promedio de la cotización mayorista del dólar vendedor del Banco Nación durante los primeros 15 días del mes anterior.
Hasta abril, bajo la política de devaluación controlada al 1% mensual, el tipo de cambio promedio para las tarifas era de $1066. Luego subió a $1101 en mayo (3,3%), $1144 en junio (3,9%), $1185 en julio (3,6%), $1250 en agosto (5,5%) y $1330 en septiembre (6,4%).
Para contener el traslado de estas subas al bolsillo de los usuarios, el Gobierno redujo en casi 4% el valor en dólares del gas a partir de septiembre. En otras palabras, aumentó nuevamente el volumen de subsidios para cubrir la diferencia entre el precio de referencia y el costo real, algo que ya había hecho en los cuatro meses previos.
Desde mayo, el precio del gas abonado por los usuarios acumula una baja del 12,8%, al pasar de US$3,13 a US$2,73 por millón de BTU (unidad térmica británica usada en el sector), según la resolución 357/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial. La diferencia la cubre el Estado mediante subsidios: cada vez que se reduce el precio de referencia, crece el esfuerzo fiscal para sostener la producción.
A la par, el Gobierno volvió a aumentar el cargo en la factura de gas destinado a financiar el régimen de Zona Fría. Con la resolución 612/2025, la gestión de Javier Milei dispuso llevar el recargo al 7,15% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
A pesar de estas tensiones, entre enero y julio los subsidios al sector energético cayeron 55% en términos reales respecto del mismo período de 2024, según la consultora LCG. Esta reducción se explica por la baja base de comparación (ya que el Gobierno recién ajustó las tarifas en abril del año pasado), por la sustitución de importaciones gracias a la mayor producción local y por la demora en los pagos a los productores.
Sin embargo, el ahorro en subsidios podría achicarse en los próximos meses, debido a la baja en los precios de referencia del gas.
En el caso de la electricidad, la Secretaría de Energía publica los cuadros tarifarios en pesos. Para septiembre, aplicó una baja de 0,35% respecto de agosto, con un precio de referencia que pasó de $63.965 a $63.741 por MWh.
