Celulosa atraviesa la crisis más severa de su historia reciente. La compañía, controlada por Tapebicuá Investment Company, presentó su balance semestral, con corte al 31 de mayo, con una pérdida integral de $172.634 millones, en contraposición a la ganancia de $37.831 millones obtenida un año antes durante el mismo período.
De acuerdo a lo expresado por la firma, el desplome responde a un fuerte retroceso de ingresos -que cayeron un 44%, hasta los $258.637 millones-, impactados por menores volúmenes de venta, la caída de precios en términos reales y la pérdida de competitividad exportadora. Aun con un plan de ajuste de costos, el margen operativo quedó en rojo.
Según el detalle, las ventas se derrumbaron 52% respecto del mismo período de 2024. En el mercado interno, la baja fue del 32% en toneladas, mientras que las exportaciones, aunque crecieron 104%, mostraron márgenes mucho menores. La imposibilidad de trasladar a precios el incremento de costos -en dólares y con amenaza creciente de importaciones- derivó en una contracción drástica de la rentabilidad: el margen bruto cayó a -17% y el operativo a -31%, según informaron desde la firma.
En paralelo, la producción total de papeles y pulpa de eucaliptus alcanzó 138.000 toneladas, un 15% menos que en el ejercicio anterior, afectada por tareas de mantenimiento y por la decisión de adecuar la oferta a una demanda en caída.
La crisis también se reflejó en las compañías del grupo. Fanapel, dedicada a papeles de impresión y escritura, facturó $19.525 millones, un 18% menos que el año anterior. En tanto, Forestadora Tapebicuá, proveedora de materia prima, sufrió una caída del 48% en sus ingresos, en línea con la desaceleración de la construcción y problemas de financiamiento. Actualmente, según lo comunicado, la producción en esta unidad también se encuentra paralizada por falta de capital de trabajo.
A la contracción de ventas se sumó un deterioro financiero. En el informe de Celulosa señalaron que el default de empresas agroindustriales, como Los Grobo y Surcos, junto con la incertidumbre en torno al acuerdo con el FMI, incrementó la percepción de riesgo en el mercado local. En esa línea, explicaron que varios acreedores aceleraron la cancelación de sus posiciones, lo que presionó sobre la caja de Celulosa y derivó en una pérdida total de crédito comercial y bancario.
Asimismo, detallaron que, pese a inyecciones de capital del accionista principal por US$7,6 millones, la empresa no logró cumplir con obligaciones financieras, lo que obligó a informar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la suspensión de pagos.
“Estas circunstancias tuvieron como consecuencia principal la retracción absoluta del crédito a la sociedad, tanto financiero como comercial, debiendo pasar a operar bajo una modalidad de pago contra entrega, al contado o mediante cesión de cheques de terceros. Esta operatoria se pudo mantener durante varias semanas, hasta que la falta de capital de trabajo volvió inviable el financiamiento de la operación, debiéndose parar la producción en las plantas industriales de Capitán Bermúdez y Zárate”, informaron desde la firma, controlada por Tapebicuá Investment Company, un grupo integrado por José Urtubey, Juan Collado y Douglas Albrecht.
En ese contexto, la compañía llegó a arrastrar una deuda financiera total que supera los US$128 millones. Y como parte del plan de reestructuración, contrató a la firma VALO Columbus, especializada en banca de inversión, para llevar adelante un esquema de refinanciación que incluyó la búsqueda de nuevos socios e inversores que aporten fondos frescos y permitan recomponer el capital de trabajo.
“Existen varios grupos evaluando la posibilidad de ingresar como socios a Celulosa Argentina y aportar los fondos necesarios para recomponer el capital de trabajo y permitir retomar el normal funcionamiento del negocio. Los tiempos de este proceso son inciertos, pero consideramos que es probable que concluya de manera exitosa”, consideraron.
Mientras tanto, aclararon que mantienen diálogo con sus acreedores para extender el período de espera y evitar ejecuciones, con el objetivo de preservar la continuidad operativa y las fuentes de trabajo.
