En un intento por bajar la tensión de los últimos días entre el Gobierno de Javier Milei y su principal aliado, el PRO de Mauricio Macri, el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, desplazó de las tareas vinculadas con ese organismo al abogado Ignacio Damián González y a otra letrada que trabajaba para la Secretaría de Inteligencia, que habían intentado conocer el avance y retirar copias de los expedientes de cuatro causas judiciales en las que se había investigado a Macri y a funcionarios del área de inteligencia de su gestión.
Este miércoles, luego de que el periodista Joaquín Morales Solá reveló la historia en La Nación, Neiffert le hizo llegar a Macri sus disculpas a través de un mensajero, con lo cual admitió que esos dos funcionarios trabajaban en su área, y también le aseguró que los había desplazado.
González se presentó en cuatro expedientes con un documento reservado que lo acreditaba, según él mismo sostuvo, para conocer los avances en causas que investigaban la actuación de la SIDE durante el gobierno de Macri.
En un recorrido de pocos días, el funcionario fue al despacho del juez Marcelo Martínez de Giorgi, donde hay una denuncia contra ex funcionarios macristas por presunto espionaje y este mismo mes también hizo lo mismo con Julián Ercolini, que investigó y luego sobreseyó a funcionarios de Macri que habían sido denunciados por el seguimiento de dirigentes políticos y también de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. También se contactó con el juzgado de Daniel Rafecas, que investigó y cerró una causa por la compra de 290 armas en desuso. Ninguno de los jueces le permitió acceder a los expedientes.
Uno de ellos, Ercolini, le negó el acceso a la causa por considerar que el papel que blandía González no era acreditación suficiente. Sin embargo, en su comunicación con Macri, Neiffert admitió que ese abogado presta funciones en el organismo de inteligencia, que controla políticamente el asesor presidencial Santiago Caputo.
Fuentes de los tribunales federales revelaron a Clarín que González se presentó ante los tres jueces argumentando que la nueva gestión de la SIDE lo había designado como apoderado del organismo. Para refrendar esa atribución, le aseguraron a Clarín los mismos informantes, mostraba la fotocopia de un poder emitido por la SIDE, en el cual todos los nombres estaban testados, es decir tachados con rotulador negro para que no puedan ser identificados. La imposibilidad de conocer esos nombres hizo que los jueces se negaran a acceder a los pedidos de González. Sólo el juez Rafecas permitió que el abogado se lleve una copia de la resolución en la cual sobreseyó a todos los acusados en la causa.
