La reciente reestructuración del organismo lo dejó reducido a dos áreas básicas —Registro y Certificación, y Fiscalización Analítica— mientras que las demás funciones pasaron a depender del Ministerio de Economía. Esta modificación implica menos controles a lo largo del proceso productivo, menor presencia en territorio y, en consecuencia, la posibilidad de nuevos recortes de personal. En la delegación sanjuanina, que cuenta con más de 30 empleados y varios contratados en situación frágil, reina la incertidumbre: el gremio ya evalúa medidas judiciales para defender los puestos de trabajo. A la par, el Gobierno provincial busca coordinar esfuerzos con Mendoza y Nación para no perder estándares de control en el vino de exportación, aunque la pérdida de autonomía del INV y la amenaza de despidos dibujan un horizonte complicado para la institución en la provincia.
El despido de 49 EMPLEADOS en El Instituto Nacional de Vitivinicultura DE MENDOZA, generA fuerte inquietud en San Juan
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