TALLAHASSEE, Florida.— La administración del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, se prepara para abrir un nuevo centro de detención de inmigrantes denominado “Deportation Depot” en una prisión del norte del estado, tras la inauguración del de los Everglades, conocido como “Alligator Alcatraz”.
A diferencia de las instalaciones de Everglades, que se construyeron en junio en un aeródromo remoto con poca o ninguna infraestructura, el nuevo centro de detención funcionará desde la Institución Correccional Baker, una prisión estatal ubicada a unos 69 kilómetros al oeste del centro de Jacksonville. Se espera que tenga capacidad para 1300 camas de detención de inmigrantes, aunque podría ampliarse a 2000, según informaron funcionarios estatales.
Después de la apertura del centro de los Everglades el mes pasado, DeSantis justificó la construcción de otro centro de detención al afirmar que la administración del presidente Donald Trump necesita más capacidad para retener y deportar inmigrantes. “Hay demanda para ello. Estoy seguro de que se llenará”, señaló.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elogió los esfuerzos de los gobernadores republicanos para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes y calificó la colaboración de Florida como un modelo para otros estados.
DeSantis destacó la relativa facilidad y economía de instalar el nuevo centro en una prisión ya existente, estimando que el costo de la construcción será de seis millones de dólares. Esto es una fracción de los 330 millones de dólares que el estado ha gastado en contratos para el centro de detención Everglades en menos de dos meses, para construir la vasta red de carpas y remolques en los escarpados y remotos pantanos de Florida.
“Esta parte del centro no se está utilizando en este momento para los presos estatales. Simplemente nos da la posibilidad de entrar, montarlo rápidamente y montarlo de forma económica”, explicó DeSantis sobre la prisión, a la que calificó como “lista para usar”.
Según Kevin Guthrie, director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, la agencia encargada de construir los centros de inmigración, podrían tardar entre dos y tres semanas en poner en funcionamiento el centro.
El estado había anunciado en 2021 planes para cerrar “temporalmente” la prisión, debido a la persistente escasez de personal. “Un edificio que ha estado inactivo durante un par de años va a presentar algunos retos imprevistos”, estimó Guthrie sobre el calendario de construcción.
Entre las renovaciones necesarias se encuentra el aire acondicionado, que no es obligatorio según las normas de Florida para sus prisiones, a pesar del clima sofocante del estado.
La dotación de personal correrá a cargo de la Guardia Nacional de Florida y de contratistas estatales “según sea necesario”, precisó DeSantis. La Guardia Nacional había sido llamada para ayudar a gestionar las prisiones estatales durante más de dos años debido a la escasez crónica de personal, antes de ser movilizada para apoyar los esfuerzos del estado en materia de control de la inmigración.
De Santis había planteado anteriormente planes para abrir un segundo centro de detención en una instalación cercana de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida conocida como Camp Blanding, a unos 48 kilómetros al suroeste de Jacksonville. La antigua instalación militar fue un importante centro de entrenamiento del Ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y sirve como sede de “continuidad del gobierno” para el Poder Ejecutivo de Florida, según el sitio web de la instalación.
Sin embargo, al anunciar los planes, DeSantis explicó que las instalaciones de Baker eran más adecuadas debido a su capacidad disponible y su proximidad a un aeropuerto regional. “Blanding tiene capacidad aérea, pero probablemente no cuenta con una pista lo suficientemente grande como para recibir aviones de gran tamaño”, señaló.
DeSantis prometió que los detenidos en las nuevas instalaciones tendrán “los mismos servicios” que están disponibles en el primer centro de detención del estado.
Los abogados de los detenidos en las instalaciones de Everglades han calificado las condiciones allí como deplorables, y han denunciado en un escrito judicial que algunos detenidos muestran síntomas de Covid-19 sin estar separados del resto de la población. El agua de lluvia inunda sus carpas y los funcionarios van de celda en celda presionando a los detenidos para que firmen órdenes de expulsión voluntaria antes de que se les permita consultar a sus abogados.
“Las recientes condiciones en Alligator Alcatraz han alimentado una sensación de desesperación entre los detenidos”, apuntaron los abogados en el escrito.
Las condiciones del centro de detención, construido apresuradamente, se describieron en un escrito presentado esta semana antes de la vista del lunes próximo sobre los derechos legales de los detenidos. Los abogados de derechos civiles quieren que el juez federal Rodolfo Ruiz garantice que los detenidos tengan acceso confidencial a sus abogados, algo que, según estos, no han tenido.
El estado de Florida rebatió que los abogados de los detenidos no hayan podido reunirse con sus clientes. Desde el 15 de julio, cuando se iniciaron las videoconferencias en las instalaciones, el estado ha concedido todas las solicitudes de los detenidos para reunirse con un abogado, y las reuniones presenciales comenzaron el 28 de julio, según afirmaron funcionarios estatales. Los primeros detenidos llegaron a principios de julio.
Los abogados de los detenidos también querían que el juez identificara un tribunal de inmigración que tuviera jurisdicción sobre el centro de detención para poder presentar solicitudes de fianza o liberación de los detenidos. Los abogados de derechos civiles afirman que se les ha dicho en repetidas ocasiones que los tribunales federales de inmigración de Florida no tienen jurisdicción sobre los detenidos en los Everglades.
Agencia AP y The New York Times
