La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó este martes un proyecto de ley que busca legalizar la eutanasia. La iniciativa, que ahora pasa al Senado para su tratamiento definitivo, recibió 64 votos a favor y 29 en contra en el Parlamento en Montevideo. El debate sobre la muerte asistida en el país vecino lleva cinco años en disputa.
La propuesta legislativa recibió la aprobación en la Cámara baja después de una extensa sesión. El resultado superó el mínimo necesario de 50 votos sobre 99 posibles. El respaldo provino de casi toda la bancada oficialista del Frente Amplio y de varios diputados de la oposición. Con este paso, el proyecto sobre la eutanasia en Uruguay ahora queda en manos del Senado para su discusión y votación final.
El oficialismo confía en que la ley reciba la sanción definitiva antes de fin de año. El Frente Amplio cuenta con la mayoría de los escaños en la cámara alta, un factor clave para el futuro de la norma. El proyecto fue presentado por diputados de esa misma fuerza política a inicios de 2025. En julio, la Comisión de Salud de la cámara baja ya había dado su visto bueno.
El texto de la ley tiene como “objeto regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen”. La finalidad es ofrecer una muerte “indolora, apacible y respetuosa” a quienes cumplan con requisitos específicos.
Luis Enrique Gallo, diputado del oficialista Frente Amplio y uno de los principales impulsores de la iniciativa, explicó el objetivo. “La muerte forma parte de la vida y es necesario hablar de ello, por eso consideramos la eutanasia como un ejercicio de derecho”, dijo en su exposición. El legislador añadió: “Cada uno tiene el mismo derecho a elegir su muerte que elegir su vida”.
El proyecto establece una serie de condiciones estrictas para acceder al procedimiento. La persona solicitante debe ser mayor de edad, estar psíquicamente apta y cursar la etapa terminal de una patología incurable e irreversible. También se contempla el caso de pacientes que padecen “sufrimientos que resulten insoportables”.
La solicitud requiere el aval de al menos dos profesionales de la salud. Solo podrán acceder a la práctica los ciudadanos uruguayos o los extranjeros que acrediten residencia fehaciente en el país.
Uruguay ya posee una reglamentación sobre el final de la vida desde 2013. Esa norma permite que los pacientes terminales se opongan a recibir tratamientos médicos que prolonguen su existencia de forma artificial. Aunque la eutanasia y el suicidio asistido se prohíben en la actualidad. La legislación vigente los considera un delito de homicidio piadoso.
Este no es el primer intento de legislar sobre el tema. En 2022, el Senado debatió un proyecto similar que finalmente quedó estancado en el Parlamento. En ese mismo año, una encuesta del Portal de Análisis Político, Opinión Pública y Estudios Sociales Factum reveló un alto apoyo social a la medida. Un 77% de los uruguayos se mostró de acuerdo con la legalización de la eutanasia en determinadas circunstancias.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
