El Gobierno presentará en los próximos días las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei el viernes pasado que tienen como objetivo “amurallar” el equilibrio fiscal y la política monetaria y sostener la baja de la inflación, la gran bandera libertaria en las elecciones que se vienen.
Los detalles de la presentación de esas iniciativas no estarán exentas de polémica, sobre todo luego de que la decisión de “penalizar” a funcionarios y legisladores que pongan en riesgo la joya del oficialismo: el superávit financiero. De hecho, esa posibilidad ya generó ruido entre constitucionalistas, pese a que el Gobierno la defenderá a capa y espada. ¿Qué tiene en la cabeza el Presidente tras semejante anuncio luego de los reveses en el Congreso?
Según pudo saber LA NACION, el oficialismo se apresta a aprobar una “instrucción” –no hay confirmación acerca del vehículo legal a usar; algunos hablaban de un decreto, pero otros con conocimiento del tema indicaron que puede ser sólo una nota subida al sistema- al Ministerio de Economía con el objetivo de “institucionalizar” lo que ya ocurre de hecho: que no vuelva a existir el financiamiento del gasto primario desde el Banco Central (BCRA) al Tesoro.
De hecho, según relataron a este medio fuentes cercanas a la Presidencia, una vez que Milei terminó la cadena nacional del viernes, le regaló al presidente del BCRA, Santiago Bausili, el discurso de más de 20 minutos que leyó junto al equipo económico. “Esto protegerá la independencia de Banco Central”, dijeron en casa de Gobierno a LA NACION.
Además, se presentará un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. El proyecto, afirmó el Presidente en su discurso, establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero de equilibrio o superavitario. “Todo gasto nuevo o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte de la misma proporción”, dijo Milei el viernes. Y agregó luego el párrafo más polémico de su discurso: “Establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales”.
En la letra chica de las medidas están trabajando María Ibarzabal Murphy, la secretaria Legal y Técnica, y los abogados que formaron parte del equipo de Javier Herrera Bravo. Según supo LA NACION, la inspiración de las normas nació del libro La inflación como delito (2023), una elaboración teórica del exjuez cercano al Presidente, Ricardo Manuel Rojas, quien a comienzos de este año fue sondeado para ser procurador en reemplazo de Rodolfo Barra.
Rojas está ahora en Guatemala. En ese país da clases de derecho en la Universidad Francisco Marroquín. Fuentes cercanas al exjuez contaron que ese libro comienza con una historia de cómo surge la moneda y cuenta, muy a tono con la visión presidencial, que desde que el Estado se hizo cargo de su emisión aparecieron “motivos políticos” para inundar de pesos la plaza. “La inflación es producto de la cantidad de dinero. Los precios no tienen nada que ver, son una consecuencia”, contaron quienes conocen al exmagistrado.
Para Rojas, el causante de la inflación es el Estado o los gobiernos, que emiten de más porque gastan más de lo que recaudan. Si no tienen fondos, emiten deuda y luego caen en default, suben impuestos o terminan emitiendo billetes y “echándole la culpa de la inflación a los comerciantes”.
“El nudo del libro es que la inflación es producto del Estado, que tiene que cubrir su déficit, lo que termina siendo un delito”, explicaron. En su libro, el exjuez Rojas encuentra tres formas penales: el delito contra la propiedad (porque se le quita valor a la moneda que tiene la gente en sus manos, o sea, a sus ahorros), falsificación de moneda; y delito contra la administración pública, incumplimientos de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Rojas recuerda que, el artículo 75 de la Constitución Nacional en su inciso 19 afirma que le corresponde al Congreso, entre muchas otras cosas, “la defensa del valor de la moneda”. Milei hizo mención elípticamente a este punto cuando, en su cadena nacional, afirmó que, en el Congreso, en rigor, tendrían que estar frenando gastos impulsados desde el Ejecutivo en pos de proteger a sus representados, o sea, a los ciudadanos. Para Milei, lo que ocurre hoy es justamente lo inverso: el Parlamento es actualmente el que empuja nuevos gastos que superan -por los menos los proyectos vetados- los 2,5% puntos del PBI. Esto, sin sumar la “ley Garrahan” o de financiamiento educativo aprobados la semana pasada, superan todo el superávit fiscal comprometido este año con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de 1,6 puntos del PBI.
La idea del Gobierno es que, una vez cerrada la canilla del BCRA para financiar al Tesoro, la oposición no apruebe proyectos de ley para no gastar de más. De esta manera, funcionaría lo que Milei llama “principio de revelación”. Además, el Poder Ejecutivo les reclamará a los autores de los proyectos que se vean obligados a buscar nuevo endeudamiento o un aumento de los impuestos para sostener las iniciativas aprobadas. Según la Casa Rosada y algunos analistas privados, los aprobados en los últimos días no tienen fuentes de financiamiento suficientes.
En enero, Milei le ofreció a Rojas el cargo de Procurador del Tesoro para reemplazar a Barra (finalmente, el elegido fue Santiago Castro Videla). Su nombre incluso se pensó para sumarse a la Corte Suprema.
Rojas, de 66 años, fue secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia entre 1986 y 1993 y juez en lo Criminal de Buenos Aires entre 1993 y 2008 y luego retomó en 2011.
A la par de su trabajo en tribunales, Rojas también dedicó buena parte de su carrera a la academia. Profesor en varias universidades argentinas y profesor visitante y conferenciante en Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Italia, España, Turquía y Estados Unidos.
