NUEVA YORK.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono a utilizar a las fuerzas armadas en su lucha contra cárteles de droga latinoamericanos, según publicó el diario The New York Times.
La directiva establece una base oficial para autorizar operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra organizaciones que la administración del presidente republicano calificó como terroristas, lo que despertó dudas sobre la legitimidad de la injerencia norteamericana fuera de sus fronteras.
Ante esa posibilidad, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza: “No habrá una invasión a México”.
La participación pasada del ejército estadounidense en operaciones antidrogas en América Latina a veces ha rozado los límites legales. Sin embargo, esas operaciones se presentaban como un apoyo a las autoridades policiales locales.
La nueva directiva de Trump parece proponer un enfoque distinto, centrado en que las fuerzas estadounidenses capturen o eliminen directamente a personas involucradas en el narcotráfico.
Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, confirmó la medida publicada por The New York Times, pero dijo que la acción militar contra los grupos designados no parecía inminente y que no estaba claro qué tipo de operaciones llevarían a cabo.
Lo que sí está claro, es que calificar a los cárteles como grupos terroristas permite a Estados Unidos “utilizar otros elementos del poder estadounidense —agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, lo que sea— para atacar a estos grupos si se presenta la oportunidad”, explicó Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, el jueves en una entrevista con el medio católico EWTN.
“Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotraficantes”, agregó el funcionario.
Un segundo funcionario estadounidense, también bajo condición de anonimato, dijo que, entre otras cosas, la autoridad dispuesta por Trump otorgaría a la Marina la facultad de llevar a cabo acciones en el mar y podría incluir operaciones de interceptación de drogas.
Especialistas en derecho señalaron que, según la legislación estadounidense, declarar a un grupo como entidad “terrorista” permite imponer sanciones, congelar activos y restringir la actividad financiera o los viajes de sus miembros. Sin embargo, esa designación no otorga por sí sola autoridad legal para emprender operaciones militares directas contra dicho grupo.
El Ejército de Estados Unidos ya ha aumentado su vigilancia aérea de los cárteles de la droga mexicanos para recopilar información de inteligencia para determinar la mejor manera de contrarrestar sus actividades.
En su vuelta a la Casa Blanca en febrero, Trump firmó una orden que instruía al Departamento de Estado a designar a los cárteles, como el venezolano Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) entre otros, como organizaciones terroristas extranjeras, argumentando que constituían “una amenaza a la seguridad nacional más allá de la que representa el crimen organizado tradicional.”
Hace dos semanas, la administración norteamericana incorporó también al Cartel de los Soles de Venezuela a una lista de grupos terroristas globales especialmente designados y como un actor clave en la expansión de organizaciones criminales en América Latina, con impacto directo en la seguridad interior de Estados Unidos.
En el mismo acto, la administración republicana alegó que el grupo es dirigido por el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno.
Dos días después del anuncio, el secretario de Estado Marco Rubio emitió un comunicado en el que acusó a Maduro de haber robado las elecciones y afirmó que su “régimen no es el gobierno legítimo” de Venezuela.
El jueves, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron que el gobierno de Estados Unidos duplicó la recompensa —a 50 millones de dólares— por información que conduzca al arresto de Maduro y la fiscal general Pam Bondi afirmó que “no escapará de la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables”.
La presidenta de México reconoció que su gobierno había sido informado del decreto, pero aseguró que los miembros del Ejército estadounidense no entrarían en territorio mexicano.
“Fuimos informados de que venía esta orden ejecutiva y que no implicaba la participación de ningún militar ni de ninguna institución en nuestro territorio”, dijo la presidenta mexicana en su habitual conferencia matutina.
Trump ya había ofrecido anteriormente enviar tropas estadounidenses a México para colaborar en la lucha contra el narcotráfico, una propuesta que la mandataria afirmó haber rechazado en mayo.
El presidente norteamericano ha dicho públicamente que emprendería una acción militar unilateral si México no desmantela los cárteles de la droga, algo que ya había considerado durante su primer mandato.
Su exsecretario de Defensa, Mark Esper, escribió en sus memorias que el republicano preguntó al menos dos veces en 2020 si los militares podrían “disparar misiles a México para destruir laboratorios de drogas”.
Esper escribió que había respondido que sería ilegal y un acto de guerra.
Agencias AFP y Reuters, y diario The New York Times
