Por Gastón Sugo
En las últimas horas recibí, junto a otros colegas como Osvaldo Belmuyán, María Silvia Martín y Antonio Canales, una carta notarial enviada por Gustavo Monti. El mensaje es tan claro como preocupante: que dejemos de hablar de él. Que callemos. Que lo borremos de nuestras investigaciones y comentarios. En mi caso, me piden que me retracte. Y yo, que hago periodismo desde la convicción de que la libertad de prensa es un pilar de la democracia, no solo no me retracto: respondo. Y lo hago públicamente, para que no queden dudas de que esta no es una cuestión personal sino un intento de condicionar el derecho a la información y el trabajo periodístico.
No voy a responder con rumores ni interpretaciones. Voy a responder con hechos y documentos. En una investigación publicada por Tiempo de San Juan, la colega Natalia Caballero expuso pruebas concretas que incluyen facturas, cheques y registros contables que vinculan a PVC San Juan, empresa de propiedad de Gustavo Monti, con el proceso de provisión de caños que derivó en uno de los mayores escándalos provinciales de los últimos años. La licitación para proveer las tuberías de la conducción de Tulum fue adjudicada a una empresa alemana, pero existe una factura por más de trece millones de pesos emitida por PVC San Juan a la firma CRAC, en concepto de “comisión de obra Médano – Certificado 5 y 6”. Este dato es fundamental: aunque Monti no haya vendido directamente los caños, sí participó económicamente de ese proceso, y así lo reflejan los documentos.
La investigación también señala que Monti era un visitante frecuente en la sede de CRAC, ubicada en el Parque Industrial, pese a no tener un cargo oficial dentro de la compañía. Y que PVC San Juan, además, se dedica al suministro de caños, lo que refuerza la relación con la operación cuestionada. Esto no lo digo yo: lo dicen las fuentes consultadas, lo dicen las facturas y lo dice la documentación publicada.
En el plano político, hay un dato que Gustavo Monti no puede desconocer porque lo reconoció él mismo. En una sentencia judicial por calumnias e injurias que inició contra Osvaldo Belmuyán, queda asentado, en la página 27 del fallo, que el propio Monti reconoció expresamente ser primo del exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac. Este parentesco, por sí solo, no es un delito, pero sí explica por qué este caso incomoda a determinados sectores del poder político en San Juan y por qué aparecen maniobras para intentar silenciarlo.
La causa penal en curso incluye, además, datos sobre la actividad internacional de Monti: entre 2010 y 2023 realizó treinta viajes al exterior, con destinos como Alemania, España, Italia, Suiza, Panamá, República Dominicana y Uruguay, varios de ellos catalogados como paraísos fiscales. En paralelo, el crecimiento patrimonial de PVC San Juan ha sido exponencial. Estos son datos que figuran en expedientes y que cualquier periodista responsable tiene la obligación de poner sobre la mesa.
El llamado “escándalo de los caños” no nació ayer. Comenzó en 2015, durante la gestión de José Luis Gioja, con una licitación inicial de 382 millones de pesos. En 2023, el exdiputado Eduardo Cáceres volvió a exponerlo públicamente con un video de denuncia. Desde entonces, el tema ha vuelto al centro del debate porque siguen apareciendo pruebas y testimonios que confirman que este proceso está lejos de ser transparente.
La carta notarial que recibimos no es un gesto inocente ni una formalidad legal sin consecuencias. Es un intento de mordaza. Es un mensaje que dice “si hablas, te intimamos; si investigas, te presionamos; si contas lo que encontramos, te llevamos a la justicia”. A Gustavo Monti le digo: si su estrategia es contratar abogados para callar periodistas, está siguiendo un camino que no va a funcionar. No hay intimidación posible que frene un trabajo basado en documentos, testimonios y registros oficiales. Y mucho menos cuando se trata de hechos de interés público.
A Sergio Uñac le digo: este tema le toca de cerca, y lo sabe. Hable con su primo. El silencio y la presión no hacen desaparecer la verdad, solo la agrandan.
A la Cámara de Diputados les recuerdo que tienen más herramientas que nosotros para investigar. Si con recursos limitados hemos podido acceder a esta información, ustedes pueden y deben ir más allá. Espero que no les tiemble el pulso si corresponde actuar.
Esta es mi respuesta. No vamos a dejar de hablar, no vamos a dejar de investigar, no vamos a dejar de informar. Si quieren jugar, jugamos. El que avisa no traiciona. No es una cuestión de amenaza, pero si esto empieza a ser personal, están atacando la profesión del periodismo. Y sí, somos periodistas, y vamos a seguir investigando.
