BRASILIA.- El gobierno de Estados Unidos criticó la decisión del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), de ordenar el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, en otro paso de la escalada entre la Casa Blanca y la Justicia brasileña.
“El juez Moraes, ahora sancionado por Estados Unidos como violador de derechos humanos, continúa utilizando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia. Imponer más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro para defenderse públicamente no constituye un servicio público”, afirmó un comunicado publicado por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de la secretaría de Estado.
“Dejen hablar a Bolsonaro”, añadió el texto, reproducido por la Embajada de Estados Unidos en Brasilia.
“Estados Unidos condena la orden de Moraes de imponer arresto domiciliario a Bolsonaro y exigirá responsabilidades a todos aquellos que colaboren e instiguen la conducta sancionada”, advierte el comunicado, que apunta la posibilidad de imponer sanciones a otros funcionarios brasileños.
La semana pasada, Moraes, relator en el caso de intento de golpe de Estado en el que Bolsonaro está acusado, fue incluido en la Ley Magnitsky, que prevé sanciones contra extranjeros.
Las sanciones económicas contra el juez fueron aplicadas por “autorizar detenciones arbitrarias” y “suprimir la libertad de expresión”, informó la semana pasada el Departamento del Tesoro.
“De Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y juicios politizados, incluido el del expresidente Jair Bolsonaro”, afirmó entonces el secretario del Tesoro Scott Bessent.
Además, la semana pasada Trump firmó una orden ejecutiva para implementar un arancel adicional del 40% sobre Brasil, elevando el arancel total al 50% a raíz de la disputa legal de Bolsonaro, lo que el mandatario estadounidense consideró “una cacería de brujas”.
Según el diario Folha de San Pablo, “aliados del presidente Lula reconocen que Trump puede usar la decisión [de la prisión domiciliaria] como pretexto para obstruir las negociaciones” sobre el arancel del 50% que impuso a los productos importados de Brasil, que prevé originalmente casi 700 excepciones.
La congresista para el distrito de Florida, María Elvira Salazar, consideró la decisión de Moraes una “injusticia” y afirmó que se trata de una “persecución”.
“Brasil está peligrosamente cerca de convertirse en una dictadura, donde los opositores políticos son silenciados, no juzgados. Debemos alzar la voz antes de que sea demasiado tarde», posteó en X la republicana.
Tras conocerse la orden de prisión preventiva contra el expresidente, varios de sus partidarios marcharon en sus autos por las avenidas de Brasilia anoche, haciendo sonar las bocinas.
Los manifestantes se congregaron entonces frente al edificio donde el exlíder derechista cumplirá su condena, en el barrio Jardín Botánico de la capital.
“¡Brasil se detendrá!”, gritaron algunos manifestantes, envueltos en banderas brasileñas y estadounidenses.
Mientras tanto, la Policía Militar del Distrito Federal incrementó las patrullas en la zona central de la capital y bloqueó la carretera que conduce a la Explanada de los Ministerios, a 13 kilómetros, para impedir que el grupo llegara al Tribunal Supremo.
“Estamos oficialmente en una dictadura”, declaró a CNN el senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del exjefe de Estado, añadiendo que era “difícil que no hubiera una reacción” de Washington.
“Brasil ya no es una democracia”, repitió su hermano y congresista Eduardo Bolsonaro, de Estados Unidos.
El tercer hijo de Bolsonaro, Carlos, concejal en Río de Janeiro, debió ser internado luego de sentirse mal tras anunciarse el arresto de su padre.
Según CNN, el hombre de 42 años se encontraba bien hasta poco antes de la noticia sobre su padre.
El lunes, acudió a la sede de su partido Liberal, en Brasilia, y luego regresó a Río.
Sin embargo, al enterarse de las medidas restrictivas impuestas a su padre, se sintió mal y fue trasladado de urgencia a un hospital de la metrópoli carioca. Según fuentes hospitalarias, Carlos Bolsonaro tenía hipertensión y se sometió a pruebas cardíacas. El cardiólogo recomendó prolongar su hospitalización.
El cerco judicial se estrechó bruscamente el lunes contra Bolsonaro, con la orden de arresto domiciliario por violar una prohibición de uso de redes sociales en el marco del juicio por un presunto intento golpista.
El exjefe de Estado (2019-2022), líder de la ultraderecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, está siendo juzgado en el Tribunal Supremo acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Investigado por una presunta obstrucción de su juicio, desde mediados de julio Bolsonaro está obligado a llevar una tobillera electrónica, permanecer en casa por las noches y los fines de semana, y le está prohibido expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros.
El lunes, el juez Moraes confinó al expresidente a su residencia en Brasilia, alegando un “reiterado incumplimiento de las medidas cautelares impuestas”, en especial la prohibición de usar redes sociales.
Con excepción de sus abogados, toda visita a su domicilio quedó proscrita, salvo previa autorización, dispuso en un documento judicial.
“La justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta, creyendo que permanecerá impune por tener poder político y económico”, subrayó el juez.
Agencias ANSA y AFP
