El expresidente Jair Bolsonaro enfrenta ahora arresto domiciliario, una medida impuesta tras una serie de eventos que la justicia considera como un desafío directo a las restricciones previamente establecidas. La decisión judicial sacude el panorama político brasileño y plantea interrogantes sobre el futuro del exmandatario.
El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), determinó que Bolsonaro incurrió en un “flagrante y reiterado incumplimiento” de las medidas cautelares que lo mantenían en libertad. Estas medidas incluían restricciones en el uso de redes sociales. Según el juez, Bolsonaro utilizó las cuentas de sus hijos y aliados para difundir mensajes de instigación contra el STF y promover la intervención extranjera en el Poder Judicial.
La divulgación de un video por parte del senador Flávio Bolsonaro, quien lo publicó y luego borró, fue una de las pruebas centrales. En la grabación, el expresidente saluda a través del manos libres de un celular. Para Moraes, este episodio demostró que Bolsonaro buscaba presionar al tribunal, en desobediencia de las restricciones impuestas. Otro incidente fue la aparición de Bolsonaro en una videollamada durante un acto en Belo Horizonte, que el diputado Nikolas Ferreira mostró.
Bolsonaro deberá cumplir el arresto en su residencia, ubicada en el barrio Jardín Botánico, en Brasilia. Además de mantener las restricciones impuestas en julio, el expresidente no podrá recibir visitas, excepto de familiares próximos y sus abogados. Tampoco podrá utilizar teléfonos celulares. La Policía Federal allanó su residencia e incautó sus teléfonos.
Bolsonaro es actualmente reo ante la corte, acusado de liderar una trama golpista tras su derrota electoral en 2022. Se espera que sea juzgado en septiembre, y, en caso de ser condenado, podría afrontar una pena de más de 40 años de cárcel. Además, la fiscalía brasileña investiga si Bolsonaro y su hijo Eduardo articularon acciones en Estados Unidos para conseguir sanciones económicas y promover medidas contra ministros del STF y autoridades brasileñas.
El gobierno de Donald Trump impuso sanciones económicas a Moraes a través de la aplicación de la Ley Magnitsky, un instrumento para castigar a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos. La Casa Blanca acusa al juez de llevar adelante una “caza de brujas ilegal” contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas. Moraes afirmó que va a “ignorar” las sanciones y prometió que la justicia brasileña no se “doblegará” ante las “amenazas”.
El líder del Partido Liberal de Bolsonaro en Diputados, Sóstenes Cavalcante, calificó la decisión como una “venganza política” del juez. En el oficialismo, en cambio, la medida fue celebrada. Para el diputado Lindbergh Farias, líder del Partido de los Trabajadores (PT) en Diputados, la prisión domiciliaria es “proporcional a la gravedad de la reincidencia deliberada de Bolsonaro”.
Moraes estableció que cualquier nuevo incumplimiento de las medidas restrictivas, como el uso indirecto de redes o contacto con otros investigados, podrá convertir la prisión domiciliaria en prisión preventiva, lo que aislaría todavía más al expresidente.
Leandro Consentino, profesor del Insper de San Pablo, opinó que “las actitudes de Bolsonaro buscan estirar la cuerda. Sabía bien lo que hacía al transmitir su discurso en redes el domingo. Ahora habrá que ver si lo que buscaba era allanar el camino para su propia prisión para encender a las bases más radicales del bolsonarismo”.
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