El extenso documento, que supera las 4.800 páginas, no solo ratifica la solidez de las pruebas reunidas durante el proceso, sino que además ordena la apertura de nuevas líneas investigativas. Entre ellas, se destaca la situación del actual camarista Roberto Pagés Lloveras y del abogado Raúl Alonso, señalados por su presunta participación en maniobras fraudulentas.
La audiencia en la que se formalizó la presentación del fallo se llevó a cabo en la Sala 9 del edificio de Tribunales, ante los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón. En relación con Pagés Loveras, quien se desempeñaba como titular del Cuarto Juzgado Civil al momento de los hechos, el tribunal solicitó a la Unidad Conclusiva de Causas que determine si su intervención en determinados expedientes se limitó al ejercicio de sus funciones judiciales o si, por el contrario, existió algún tipo de connivencia con los imputados.
En cuanto a Raúl Alonso, su nombre aparece en el fallo por haber sido apoderado de Horacio Alday, uno de los beneficiados con sumas millonarias derivadas de una expropiación. El tribunal señaló que Alonso podría haber sido el nexo entre Alday y Santiago Graffigna, principal condenado en la causa. Durante el juicio se probó que Alday recibió el 25% del monto pagado por el Estado por un terreno ubicado en la intersección de las calles Matías Zavalla y San José, en Capital, considerado por los magistrados como “la vereda más cara de la historia provincial”, debido al desproporcionado valor abonado.
La resolución también ordenó investigar al contador Marcelo Parra, estrechamente vinculado a Alday, y revisar la situación procesal de Carlos Infante y Gustavo Mulet, quienes habrían cumplido funciones accesorias dentro de la estructura delictiva.
Con estas nuevas derivaciones, Pagés Lloveras se convierte en el tercer juez mencionado en el caso. Previamente, fueron señalados Carlos Macchi, destituido y condenado a más de seis años de prisión, y Rosalba Marún de Sobelvio, procesada pero no juzgada debido a su fallecimiento en 2021.
La causa, que comenzó formalmente en 2018 aunque tiene antecedentes que se remontan más de una década atrás, reveló la existencia de una red integrada por funcionarios, abogados y profesionales que inflaban el valor de terrenos expropiados para obtener pagos indebidos por parte del Estado.
Con la publicación de los fundamentos, el tribunal dejó en claro que la investigación no ha concluido. Ahora, el proceso judicial avanza por dos caminos paralelos: las apelaciones a las condenas ya dictadas, y la apertura de nuevas indagatorias, en lo que podría transformarse en la segunda etapa de una de las causas más complejas y trascendentes de la historia reciente de San Juan.
