En un contexto de tensión, con el presidente Javier Milei preparando el veto a la ley de emergencia en discapacidad, el gobierno nacional intensificó las auditorías para revisar y dar de baja pensiones por discapacidad laboral que considera “mal entregadas”.
La polémica se centra en supuestas irregularidades con los Certificados Único de Discapacidad (CUD), como la falta de documentación médica válida, estudios complementarios o la no renovación en los plazos previstos. En este escenario, Mendoza emergió como la segunda provincia con el porcentaje más alto de CUD denegados, reflejando la rigurosidad de estas revisiones.
Según el último informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hasta marzo de este año, 1.900.061 personas poseían un CUD vigente en Argentina, lo que representa el 4,1% de la población total, una cifra es notablemente inferior al 10,2% registrado en el Censo 2022.
Expertos como Luis Bulit Goñi, expresidente de ASDRA, explican que “el censo es una aproximación, no una ciencia exacta”, y que Argentina históricamente ha tenido un “subregistro” de personas con discapacidad, en comparación con la estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ubica en 16% la población mundial con discapacidad.
Las provincias con más CUD
Los datos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad de la ANDIS muestran que, en cuanto a la emisión de CUD, la provincia de Buenos Aires y CABA concentran la mitad de los certificados.
Sin embargo, en el período entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, se denegaron 20.193 certificados a nivel nacional. De estos, el 41,8% corresponden a la provincia de Buenos Aires, seguida de cerca por Mendoza, con un 7,3%, y CABA con 5,7%.
El proceso de auditoría, iniciado en febrero de 2025 por el Ministerio de Salud, ANDIS y PAMI, ya ha resultado en la suspensión de 65.789 pensiones que, según el comunicado de ANDIS, “no cumplieron con los requisitos establecidos”.
