Diez ataques en cinco días. No es una estadística: es una señal de que el Estado está ausente y la calle quedó en manos de los delincuentes. Los colectivos de Albardón SRL no están circulando: están sobreviviendo. Piedrazos, roturas, terror.
¿Dónde están los responsables de la seguridad en el departamento? ¿Alguien va a poner la cara antes de que maten a alguien en una unidad del transporte público? Esto no es vandalismo, es terrorismo urbano. Y lo más obsceno: ocurre siempre en las mismas zonas, a las mismas horas, con el mismo patrón. Y sin embargo, nadie hace nada. Nadie patrulla, nadie detiene, nadie previene.
La respuesta oficial: un “protocolo”. ¿De qué carajo sirve un protocolo si siguen rompiendo unidades a pedradas como si fuera deporte nocturno? Esto es complicidad por omisión. Porque si el Estado no controla, entonces habilita. Y si habilita, es cómplice.
San Juan no puede darse el lujo de naturalizar que el transporte público funcione bajo amenaza constante. La próxima piedra puede costar una vida. Y ahí sí, señores, no va a alcanzar ni un millón de conferencias de prensa para tapar el desastre.
