LISBOA.- La Asamblea de Portugal aprobó este miércoles un proyecto de ley impulsado por el gobierno que endurece la política migratoria y rigidiza los requisitos de la reagrupación familiar y permisos de residencia. Esta iniciativa contó con el apoyo de la coalición gubernamental de derecha y de la extrema derecha.
La medida, que tendrá que ser firmada ahora por el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, fue aprobada con los votos favorables del Partido Social Demócrata, Chega y el conservador CDS-Partido Popular, según difundió la empresa de radiodifusión pública RTP. Los diputados que respaldan al ejecutivo minoritario del primer ministro Luis Montenegro votaron junto a los representantes del partido de extrema derecha Chega.
Los cambios en la ley de extranjería afectan directamente a los ciudadanos de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP).
António Leitão Amaro, ministro de la Presidencia, explicó que las cuatro normas aprobadas pretenden “reforzar la exigencia de un vínculo efectivo con la comunidad nacional que permita conceder derechos políticos a quienes sean portugueses”.
En concreto, las autoridades no otorgarán visados de trabajo a aquellas personas que no tengan contrato si no están altamente cualificadas. El Ejecutivo busca negociar con las instituciones de enseñanza superior un “régimen de atracción de talentos, creando también un canal propio en la Agencia para la Integración, Migración y Asilo (AIMA).
El ministro de la Presidencia argumentó que la medida pretende “atraer más talento y más trabajadores cualificados”, como parte de una estrategia para “reorientar los flujos migratorios”
Mientas que la reunificación familiar quedará restringida a aquellos inmigrantes que lleven dos años residiendo legalmente en el país para poder traer legalmente a sus familiares, que deben ser menores de edad.
El Parlamento aprobó inclusive la creación de una nueva unidad dentro de la policía nacional que se encargará de luchar contra la inmigración ilegal y de organizar la expulsión de migrantes en situación irregular. El cuerpo se llamará la Unidad Nacional de Extranjería y Fronteras (UNEF) y garantizará el control efectivo de las fronteras en el marco de los flujos migratorios en Portugal. “Portugal debe volver a tener una Policía de fronteras que controle la entrada, que inspeccione y que devuelva a sus países a quienes no cumplan las normas”, dijo el ministro de la Presidencia.
La ley también endurece el régimen de concesión de la nacionalidad a los extranjeros residentes en territorio nacional, estableciéndose un plazo de siete años para los ciudadanos de países de lengua portuguesa y de diez años para los demás países.
El “plazo empieza a contar cuando se obtiene el permiso de residencia”, a diferencia del actual, que contaba desde la solicitud inicial, explicó Leitão Amaro.
Los brasileros, que constituyen el mayor grupo de inmigrantes, ya no se beneficiarán de una norma que les permitía regularizar su situación tras llegar a Portugal.
Aquellos descendientes de extranjeros residentes en territorio nacional, ahora necesitarán que sus padres hayan residido legalmente durante al menos tres años, para que se les conceda la nacionalidad. De todas maneras, no será algo automático y solo ocurrirá “si se expresa el deseo de que el chico sea portugués”.
Los ciudadanos de la CPLP todavía pueden ingresar sin necesidad de un dictamen de AIMA, gracias al acuerdo vigente con la organización. Sin embargo, “ahora se exige un dictamen de la unidad fronteriza del Sistema de Seguridad Interior para la concesión de estos visados”. Además, la solicitud de residencia para estos ciudadanos “se limitará a quienes dispongan de visado de residencia, y ya no será posible solicitarlos en territorio nacional con visados de turista o exentos de visado”.
El ejecutivo de Montenegro, que asumió el poder en marzo de 2024, ya había adoptado poco después una primera medida destinada a restringir las normas para establecerse en Portugal, que bajo el anterior gobierno socialista eran de las más liberales de Europa.
La disposición vigente desde 2018 que permitía a los inmigrantes solicitar la regularización demostrando que llevaban al menos un año trabajando y cotizando a la seguridad social -aunque hubieran entrado al país con un visado turístico– fue entonces derogada.
A finales de 2024 Portugal contaba con 1,55 millones de extranjeros, cuatro veces más que en 2017, que representaban alrededor del 15% de la población, según datos oficiales.
Agencias AFP y DPA
