En 2024, unos 4,3 millones de niños y adolescentes, no accedieron a una alimentación adecuada. Es la conclusión a la que arribó la Universidad Católica Argentina (UCA), que precisó además que el año pasado, la inseguridad alimentaria aumentó frente a 2023, marcó uno de los picos de la serie que elabora, y afectó a un 35,5% de jóvenes pese al esfuerzo que realizó el gobierno nacional subiendo por encima de la inflación la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.
En el primer año de la gestión de Javier Milei en Casa Rosada, en la que el Gobierno impulsó un ajuste para hacer frente a una crítica herencia de déficit fiscal, falta de dólares e inflación por encima de 200% anual del cuarto kirchnerismo, la inseguridad alimentaria en esta población llegó a 35,5%. Había sido 32% al cierre del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El valor más alto de la serie se había registrado durante la pandemia de 2020 (37%), recordó la UCA.
La inseguridad alimentaria severa –los chicos que pasan hambre- también reflejó un incremento el año pasado: pasó de 14% a 16%. Había sido, según el relevamiento elaborado por Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, de 15% durante el pico de la cuarentena por el Covid.
Los expertos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA precisaron que el relevamiento -basado en un autoreporte- no puede asimilarse a lo que sucedió con la pobreza infantil medida por ingresos del Indec –aunque esta subió fuertemente en el primer semestre de 2024 (66,1% para aquellos niños entre 0 y 14 años) y luego descendió en el segundo semestre (51,9%)- ni tampoco al propio relevamiento de pobreza que elabora la UCA, que llega hasta al tercer trimestre del año.
Mencionaron, por otra parte, que el indicador de inseguridad alimentaria para los niños y jóvenes creció cuando apareció en los datos una redistribución en la canasta de gasto dentro de los hogares, con familias que tienen que reducir la cantidad o calidad de la ingesta de alimentos de los niños y pagar más dinero por servicios públicos. Por otra parte, agregaron que este flagelo se manifestó con más fuerza en hogares en el que los adultos de referencia tienen una inserción laboral precarizada, son pobres o dependen de un solo jefe de hogar y son numerosos.
“La IA [inseguridad alimentaria] afecta de modo particular a hogares pobres, con jefes con inserción laboral precaria, monoparentales y numerosos (cinco o más miembros). El empleo es el factor más decisivo”, explicó la UCA. Agregó que “el AMBA muestra mayores niveles de inseguridad alimentaria que el interior urbano del país”.
“Lo que se observa y que es muy relevante es cómo se incrementó la inseguridad alimentaria en los hogares en los que los adultos de referencia tienen una inserción informal y muy precarizada en el mundo del trabajo”, dijo Tuñón a LA NACION. “En la serie, prácticamente se duplicó la propensión a que niños en hogares de trabajadores informales experimenten situaciones de inseguridad alimentaria y en los modelos multivariados lo que aparece es que justamente el empleo de los adultos es clave para poder explicar la inseguridad alimentaria”, agregó.
Para los hogares donde el jefe de hogar está inactivo, la inseguridad alimentaria de los niños y jóvenes llegó a 40% a fines del año pasado, mientras que para aquellos con subempleados o jefes de hogar con trabajo precario, se extendió a 51%. Para los hogares con jefes de hogar pobres, se estiró a un 49%, en tanto que para que los hogares monoparentales, avanzó hasta 43%, según los datos de la universidad.
Con relación a la AUH y la Tarjeta Alimentar, que el Gobierno mantuvo por arriba de los precios (IPC), remarcaron que tuvo un impacto positivo para los niños y adolescentes, pero que no alcanzó.
“La AUH más la TA [Tarjeta Alimentar] tuvo un efecto protector frente a la IA, especialmente en contextos críticos. Si bien los hogares que la reciben son más vulnerables estructuralmente, el análisis con modelos de efectos fijos muestra que la AUH+TA reduce significativamente la IA”, señalaron sobre los programas de transferencias de ingresos sin intermediarios que dejó Milei.
“El informe reflejó cómo la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo muestran durante este año (2024), por primera en la serie que hacemos, un efecto positivo”, dijo Tuñón. “Aunque, por supuesto, es insuficiente, pero positivo estadísticamente, cosa que no había ocurrido en momentos anteriores. En este sentido, la valorización de la tarjeta en un contexto de mucha menor inflación es algo que se observa en los modelos estadísticos”, agregó la experta.
Tuñón indicó que, más allá de cómo se movió la pobreza por ingresos en este período, lo que muestra el relevamiento de inseguridad alimentaria es que existen cambios en el gasto de los ingresos de los hogares. “Hay un cambio en la canasta de los consumos de los hogares en términos de los valores de esa canasta, y en ese marco creo que la percepción que tienen los hogares es de que el dinero que tienen no les alcanza o no les alcanza para tener los mismos estándares de vida que tenían antes”, explicó la experta sobre un dato que es recurrente.
Hace dos semanas, con datos oficiales del informe de la evolución de la distribución del ingreso del Indec, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) –que depende del Ministerio de Capital Humano– informó sobre una proyección de una baja de la pobreza al 31,7% en el primer trimestre de 2025. O sea, una disminución –si los microdatos del instituto lo confirman– de 23,1 puntos con relación al mismo período de 2024, cuando la pobreza tocó su pico (54,8%).
Esa caída –en niveles absolutos y teniendo en cuenta la población proyectada, ya que el Indec mide sólo en 31 aglomerados- implicaría que unos 11 millones de personas dejaron de ser pobres en un año. La indigencia habría descendido desde 20,2% a 7,3%. No se detalló que pasa para los jóvenes y adolescentes para ese mismo período de tiempo.
LA NACION pidió a la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), al Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) y a los expertos de ExQuanti sus propios cálculos. Los especialistas de los cuatro centros de estudios difirieron sólo en unas pocas décimas con la proyección oficial del Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello. Agustín Salvia, coordinador en la UCA, proyectó una pobreza de 31,8%; Martín González Rozada, director de la Maestría en Econometría de la UTDT, estimó una de 32%; Leopoldo Tornarolli, investigador del Cedlas, de 31,1%; en ExQuanti calcularon un 32,1%.
