Si algo revela el caso Vialidad en esta etapa, es que Cristina Fernández de Kirchner sigue obteniendo privilegios que ningún otro condenado por corrupción en la Argentina podría soñar. Su arresto domiciliario, concedido con argumentos endebles, exhibe a plena luz cómo el poder político puede moldear, demorar o distorsionar la aplicación de la ley cuando se trata de figuras que supieron habitar la cima del Estado.
No hay razón médica que justifique que Cristina cumpla su condena por administración fraudulenta en su departamento de Recoleta, mientras los demás condenados del mismo juicio —y de muchos otros— son alojados en cárceles federales. Ni el intento de magnicidio que sufrió, condenable sin matices, constituye un cheque en blanco para que la Justicia se pliegue a la idea de que es imposible custodiarla en el Servicio Penitenciario Federal. El Ministerio de Seguridad informó que existen locaciones perfectamente aptas para su alojamiento, diseñadas justamente para presos de alto perfil o riesgo. Ignorar esos datos es construir, a medida, un régimen de excepción.
Los fiscales Luciani y Mola tienen razón al señalar que la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner es un privilegio. No es casualidad que cada paso de su cumplimiento quede envuelto en la bruma de disposiciones difusas: reglas blandas de visitas, márgenes interpretativos que permiten a su defensa desafiar a diario las resoluciones judiciales, y un relato público de persecución política que se utiliza como escudo para eludir la prisión efectiva. Mientras tanto, en San José 1111, la ex vicepresidenta recibe a dirigentes, organiza su estrategia política y mantiene la centralidad de un poder que dice no detentar, pero del cual se sirve sin escrúpulos.
Y hay algo peor: el efecto dominó. Los demás condenados, algunos de ellos igualmente protagonistas del gigantesco saqueo al Estado, miran el trato diferencial y empiezan a exigir lo mismo. Si la ley es igual para todos, ¿por qué sólo Cristina disfruta del beneficio? Si ella permanece en su casa por “riesgos de seguridad”, ¿por qué no habría de hacerlo Lázaro Báez, José López o cualquier otro condenado? La puerta que se abre para la impunidad colectiva es inmensa.
Mientras el país asiste a fallos internacionales que le cuestan miles de millones de dólares, como el escándalo de YPF, la trama local se repite: funcionarios que convirtieron la función pública en un botín personal siguen obteniendo un trato VIP incluso después de condenados. Lo esencial, que debería ser la recuperación de los fondos robados al Estado y el cumplimiento de las penas, queda relegado detrás del show judicial y mediático que Cristina Kirchner maneja con maestría.
La audiencia del 7 de julio en Casación será clave. Allí se decidirá si la ex presidenta sigue viviendo en Recoleta o si, como corresponde, pasa a cumplir su pena en una cárcel federal. No se trata de venganza ni de persecución. Se trata de algo básico: que la ley sea la misma para todos. Incluso para quienes alguna vez creyeron estar por encima de ella.
