El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegó al poder tras una moción de censura contra un gobierno conservador deslegitimado por la corrupción. Hoy, la misma sombra se proyecta sobre su gestión y amenaza con derribarlo. Un escándalo de sobornos que involucra a su círculo más íntimo lo mantiene hace semanas a la defensiva y sumerge a su administración en la crisis interna más grave de sus ocho años en el poder.
El gobierno de Pedro Sánchez enfrenta una profunda crisis por un escándalo de corrupción que sacude los cimientos de su partido, el PSOE. La causa, conocida como “Operación Delorme” o “caso Ábalos”, investiga una presunta trama de corrupción que incluía el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos millonarios.
El caso golpea directamente al círculo íntimo del presidente. Entre los implicados figuran el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y Santos Cerdán, quien hasta hace días era el secretario de organización del PSOE y un hombre de la máxima confianza de Sánchez. Cerdán ya dimitió de su cargo y entregó su acta de diputado. El propio Sánchez pidió perdón por la confianza depositada en él, pero descartó una renuncia o un adelanto electoral.
La investigación, que comenzó en 2024, destapó una red que presuntamente se benefició de contratos para la compra de barbijos durante la pandemia de Covid-19 en 2020. Sin embargo, las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron que los barbijos eran solo la punta del iceberg.
La trama, según la investigación, se extendía a la adjudicación de obra pública y otros servicios a empresas específicas a cambio de sobornos. La red utilizaba además empresas pantalla para el blanqueo de capitales. El exasesor de Ábalos, Koldo García, es considerado el eje central de la operación criminal.
La crisis del gobierno socialista se agrava por otros frentes judiciales que afectan al entorno más cercano del presidente. En abril de 2024, Sánchez mantuvo al país en vilo durante cinco días mientras sopesaba su renuncia por la apertura de una investigación sobre su esposa, Begoña Gómez, por un supuesto delito de tráfico de influencias.
Además, el hermano del presidente, David Sánchez, irá a juicio por supuesto tráfico de influencias y prevaricación. A esto se suma el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un aliado de Sánchez, por la revelación de información confidencial en un caso que involucra a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del opositor Partido Popular.
Pese a la magnitud del escándalo, Sánchez descarta dimitir. Su permanencia en el poder depende de una frágil coalición de gobierno con la izquierda y los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Si alguno de estos socios le retira su apoyo, perdería la mayoría en el Congreso. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide su renuncia, pero por ahora no impulsa una moción de censura, pues los números no le alcanzan.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
