Otra vez los empresarios del transporte de pasajeros de San Juan —esa casta inamovible y blindada— aparecen en escena con el mismo guion patético de siempre: que no les dan los números, que no pueden pagar los sueldos, que la culpa es de las tarifas congeladas, que el gasoil, que el dólar, que la luna en cuarto menguante. Llanto de patrón que nunca pone un colectivo de su bolsillo, pero exige que el Estado —o sea todos nosotros— le pague hasta la propina del café.
Y ahora van por más: quieren que el gobierno de Marcelo Orrego les pague, las diferencias salariales retroactivas de los choferes. Sí, como lo leés: los patrones que manejan millones y acumulan subsidios quieren que vos, sanjuanino, que esperás media hora un colectivo reventado, pongas la diferencia del sueldo del chofer porque ellos —los dueños— «no pueden» (o no quieren) hacerse cargo de sus empleados.
Y ahí están. Organizados, afilados, llorando en manada frente a las cámaras, presionando con «el negocio no es rentable» apenas el sindicato levanta la voz. Pero cuando se trata de abrir los libros, mostrar balances, detallar en qué se fueron los subsidios nacionales, provinciales, silencio de radio. Misterio absoluto. Nada que explicar. Porque en este rubro, ser “empresario” del transporte es un negocio redondo mientras el Estado te tape los agujeros.
Los colectivos dan pena. Sucios, viejos, inseguros. El servicio es una tortura: horarios de fantasía, frecuencias inhumanas, calor en verano, frío en invierno, y un boleto que no vale lo que cuesta. Pero los empresarios pretenden seguir facturando sin control, sin mejorar nada, y encima usando a los choferes como carne de cañón cada vez que hay que ir a pedir más plata.
¿Dónde están las inversiones? ¿Dónde están los colectivos nuevos que prometieron? ¿Dónde está el servicio digno que merecen los ciudadanos que sí pagan sus impuestos y que dependen del colectivo para trabajar, estudiar o ir al médico?
Si el negocio no les cierra, que lo digan de frente. Que entreguen las líneas, que devuelvan las concesiones y dejen de parasitar del Estado. Porque lo que no se puede tolerar más es esta bicicleta de chantaje permanente, donde ellos se quedan con la caja y el Estado con la culpa.
Basta de empresarios VIP del transporte que no invierten, no arriesgan, no innovan y encima quieren que les paguemos la fiesta. Que se hagan cargo de lo que firmaron. Porque si no pueden pagar sueldos, entonces no son empresarios: son operadores de subsidios con choferes esclavizados y usuarios secuestrados.
La ministra de Gobierno Laura Palma declaró que «*El objetivo de este posible aumento en la tarifa es recaudar en tarifas para poder abonar, por supuesto, las diferencias salariales*». O sea que ¿Las diferencias salariales las tenemos que pagar los usuarios sanjuaninos, a pesar de los millones pesos que reciben las empresas en subsidios?. Ministra de Gobierno Laura Palma, si los gobiernos del ayer dejaron crecer este monstruo porque era negocio, ud. como ministra del área transporte e integrante del gobierno de hoy, debe de ponerles un límite en beneficio de todos los sanjuaninos, crea que será reconocida por eso.