LONDRES.– Con 314 votos a favor y 291 en contra, la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña aprobó este viernes un proyecto de ley histórico que busca legalizar la muerte asistida para pacientes en fase terminal, marcando un avance significativo hacia la reforma social más importante del país en una generación.
El texto, que ya había recibido un respaldo preliminar en una primera lectura en noviembre pasado, deberá ahora ser examinado por la Cámara de los Lores antes de su posible entrada en vigor.
“Esta votación envía un mensaje claro (…) el cambio está en marcha”, reaccionó la directora de la asociación Dignity in Dying (Dignidad al morir), Sarah Wootton.
La iniciativa contempla la posibilidad de que personas residentes en Inglaterra y Gales, con una esperanza de vida inferior a seis meses y en condiciones físicas y mentales de autoadministrarse la sustancia letal, puedan optar por el suicidio asistido.
Desde la primera votación, los legisladores introdujeron cambios sustanciales: además del aval de dos médicos, la autorización final será responsabilidad de un comité de expertos, y no de un juez del Tribunal Superior, una modificación que generó críticas entre los opositores.
El proyecto también establece el derecho a la objeción de conciencia para todo el personal sanitario —médicos, enfermeros, farmacéuticos y trabajadores del ámbito médico—, y prohíbe expresamente la publicidad de servicios relacionados con la muerte asistida. Además, prevé el acompañamiento de expertos independientes para personas con trastornos de salud mental, así como la creación de un consejo consultivo sobre discapacidad, que asesorará al gobierno sobre la aplicación de la ley y su impacto en personas con discapacidad.
Según una encuesta de YouGov publicada a fines de noviembre, tres de cada cuatro habitantes de Inglaterra y Gales respaldan el cambio legislativo. La diputada laborista Kim Leadbeater, promotora del proyecto, celebró el avance y destacó la urgencia de ofrecer una opción compasiva a quienes enfrentan “una muerte dolorosa e indigna, ya sea en carne propia o en un ser querido”.
“La injusticia y la inhumanidad del statu quo nos impiden seguir esperando”, afirmó en diálogo con AFP.
Sin embargo, las voces críticas advierten sobre el riesgo de que personas vulnerables se vean presionadas a optar por esta vía por temor a convertirse en una carga para sus familias o para el sistema de salud.
El director del grupo Care Not Killing (Cuidar, no matar), Gordon Macdonald, opositor al texto, denunció un texto “profundamente imperfecto y peligroso”.
La votación del viernes fue especialmente reñida, ya que varios diputados modificaron su posición desde el debate anterior. Los partidos no emitieron directrices sobre cómo votar, aunque el primer ministro Keir Starmer expresó públicamente su apoyo al proyecto.
En caso de ser aprobado por ambas cámaras, la implementación de la ley no sería inmediata: se prevé un período de cuatro años antes de su entrada en vigencia. Mientras tanto, Gran Bretaña ya cuenta con un antecedente reciente: el 26 de marzo, la isla de Man —territorio autónomo bajo la corona británica— legalizó el suicidio asistido para personas con enfermedades terminales, convirtiéndose en la primera jurisdicción del país en adoptar esta legislación.
Actualmente, el suicidio asistido sigue siendo ilegal en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, y puede ser penado con hasta 14 años de prisión por incitación o complicidad. En Escocia, si bien la ley no lo tipifica como delito específico, una persona que colabore en un caso de muerte asistida puede enfrentar cargos por homicidio voluntario.
Actualmente, la muerte asistida está permitida en países como Suiza, Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y en la mayoría de los estados de Australia. En Estados Unidos, es legal en diez estados y en el Distrito de Columbia. Alemania aún debate nuevas normas tras un fallo judicial que favoreció el derecho al suicidio asistido, y Francia aprobó recientemente en la Asamblea Nacional un proyecto que permitiría el acceso a sustancias letales en ciertos casos, el cual sigue en discusión en el Senado.
Agencias AFP y Reuters
