Planteado así el título, les voy a contar una historia que en parte ya conocen. Pero ahora aparece un elemento que tal vez nos invite a reflexionar sobre algo que muchos desestimaron, aunque sigue ahí, latente. Casi como una huella digital.
El 5 de diciembre pasado —el mismo día en que Alberto Nisman hubiera cumplido 61 años— la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión importante. Una muy mala noticia para Cristina Kirchner: la Corte abrió el camino para que se realice el juicio oral por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Cristina había creído que lograría ser sobreseída sin llegar al juicio, pero no fue así.
Es importante subrayarlo: la Corte Suprema permitió que se haga el juicio por encubrimiento del atentado contra la AMIA, tal como denunció el fiscal Alberto Nisman. La acusación, en esencia, es que el pacto con Irán buscaba garantizar la impunidad de los iraníes sospechosos del atentado a través de un mecanismo que les permitiera eludir a la Justicia argentina. Entre los acusados se encuentra Cristina Kirchner.
Esta decisión de la Corte dejó en pie una causa que muchos intentaron sepultar. Pero la historia no terminó ahí.
Este martes, mientras se desarrollaba el primer día del juicio oral —y mientras Cristina Kirchner hablaba desde su casa por Zoom— el fiscal de juicio, Marcelo Colombo, dijo algo contundente: reafirmó la denuncia de Alberto Nisman. Dijo que “no puede descartarse que el Memorándum de Entendimiento haya tenido como objetivo ayudar a los imputados iraníes a eludir la investigación”.
Este señalamiento pone las cosas en perspectiva. ¿Cuántas veces escuchamos que lo de Nisman era una locura, un invento, una operación política? Sin embargo, ahora un fiscal de juicio lo plantea con claridad frente al tribunal. Es una afirmación fuerte: la Justicia argentina sostiene que puede haber existido un encubrimiento desde el Estado argentino para favorecer a los iraníes acusados del atentado a la AMIA.
La causa AMIA tiene 30 años. Es la mayor herida abierta del país en términos de impunidad. Y la sombra de ese encubrimiento es lo que vuelve una y otra vez. Atraviesa gobiernos, discursos y silencios.
¿Por qué vuelve? Porque no se cerró. Porque no se investigó hasta el fondo. Porque hubo encubrimientos sobre encubrimientos. Y porque el intento de pactar con los responsables del atentado —o al menos con los acusados— fue un acto que deshonra a las víctimas, a sus familias y a toda la sociedad.
Recordemos: el pacto con Irán fue aprobado por el Congreso en 2013, pero jamás entró en vigencia. Irán no lo ratificó. Aun así, su sola firma fue un escándalo. ¿Cómo pactar con un Estado acusado de haber participado en un atentado terrorista en nuestro suelo?
El fiscal Colombo dijo algo más: “Es necesario llevar adelante el juicio oral para ventilar estos hechos y permitir que todas las partes expongan sus argumentos”. Y tiene razón. Es lo que corresponde en un Estado de Derecho. No se puede borrar una denuncia con una declaración televisiva. Ni con un micrófono. Ni con una operación política.
Durante años, Cristina Kirchner descalificó a Nisman, lo trató de mentiroso, incluso llegó a hablar de “suicidio” cuando la pericia de Gendarmería y las pruebas apuntan a un homicidio. Lo demonizó porque su denuncia la alcanzaba a ella. Pero la Justicia siguió su curso.
Hoy, esa causa llega al juicio oral. Y la afirmación del fiscal Colombo pone en valor la figura de Nisman, al menos como denunciante que merece ser escuchado y cuya presentación, lejos de ser desestimada, fue validada institucionalmente.
La historia del pacto con Irán no terminó. Su sombra sigue proyectándose sobre nuestra democracia, sobre la independencia del Poder Judicial, sobre la credibilidad del sistema político y sobre la memoria de las víctimas del atentado a la AMIA.
Esa sombra también alcanza a quienes buscaron distorsionar los hechos, a los que defendieron lo indefendible, y a los que pretendieron instalar el olvido como estrategia. Porque no hay futuro posible sin justicia. Y no hay justicia verdadera sin memoria, verdad y juicio.