En una nueva embestida contra el entramado científico y técnico del país, el Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la disolución del Instituto Nacional del Agua (INA) y la absorción del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) por parte del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). La medida fue instrumentada a través del Decreto 396/2025, otro paso dentro del plan de ajuste fiscal que el Gobierno presenta como “racionalización del Estado”, pero que cada día se parece más a un proceso de desmantelamiento institucional.
El INA, histórico organismo de investigación y gestión hídrica, queda reducido a una unidad meramente organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, perdiendo su independencia operativa y técnica. Por su parte, el INPRES —referente nacional e internacional en prevención sísmica, con sede en San Juan— desaparece como entidad autónoma y es absorbido por el SEGEMAR, en una decisión que atenta directamente contra el federalismo científico y pone en duda la continuidad de políticas públicas de prevención ante fenómenos naturales.
El Gobierno asegura que “no se verán afectadas las funciones técnicas esenciales” y que el personal conservará sus cargos. Sin embargo, el vaciamiento institucional es evidente. No se trata sólo de un cambio de dependencias: lo que se pone en riesgo es la continuidad de líneas de trabajo críticas, desarrolladas durante décadas por organismos especializados, con equipos interdisciplinarios y conocimiento acumulado difícilmente replicable en estructuras “más simples y centralizadas”.
La eliminación de estos organismos estratégicos se justifica en la lógica economicista del Gobierno, que sigue avanzando en una agenda de ajuste sin medir los daños colaterales: se degrada la ciencia, se desprotegen áreas sensibles y se ignoran las particularidades territoriales. Es una señal preocupante para provincias como San Juan, donde el INPRES cumplía un rol esencial en la formulación de normativa antisísmica y monitoreo de riesgos geológicos. Su traslado a una estructura centralizada representa una pérdida concreta de autonomía y capacidad de respuesta local.
Aunque desde el Ejecutivo se insiste en que se mantendrán los estándares técnicos, la comunidad científica y técnica advierte que la medida representa un retroceso en términos de capacidad estatal para enfrentar desafíos ambientales, climáticos y geológicos. La disolución del INA y la fusión del INPRES no es una simple reingeniería: es un debilitamiento del Estado en áreas donde el saber técnico y la prevención salvan vidas.
El decreto lleva la firma del presidente Milei y de sus ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger: el núcleo duro de un modelo que, en nombre del déficit cero, arrasa con instituciones esenciales.