En los últimos años, los habitantes de Myanmar han sufrido un golpe militar, una guerra civil, el servicio militar obligatorio, bombardeos aéreos y un devastador terremoto. Este jueves por la mañana se sumó una nueva calamidad, cuando el presidente Trump ordenó una prohibición de viajes de gran alcance que incluyó a los ciudadanos birmanos.
La medida busca frenar la inmigración de países que, según Trump, tienen una “presencia significativa de terroristas”, entre otras preocupaciones. La prohibición, anunciada por el presidente el miércoles por la noche en Washington, entrará en vigor el lunes. Abarca a ciudadanos de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Muchos de estos países están asolados por conflictos, mientras que otros están gobernados por regímenes represivos. En ambos casos, la proclamación de Trump cierra la puerta a quienes esperaban huir a Estados Unidos para comenzar una nueva vida.
Ciudadanos de otros siete países —Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela— no podrán ingresar a Estados Unidos con visas de turismo o de estudiante. Tampoco podrán establecerse allí de forma permanente.
“Nosotros no permitiremos la entrada a personas que desean hacernos daño”, escribió Trump en un mensaje en redes sociales.
“Ni bien me desperté, ya me esperaba una mala noticia”, dijo Ko Min Nwe, un contador de 35 años en Myanmar que el mes pasado ganó la lotería de visas estadounidense, lo que le abría el camino a una tarjeta de residencia (green card) el próximo año. “Ser ciudadano de Myanmar significa enfrentar discriminación adonde sea que vayamos y ahora, incluso este golpe de suerte tan raro parece haberme sido arrebatado”.
Trump sostuvo que las nuevas restricciones también se aplican a países que no cuentan con mecanismos adecuados para verificar a los viajeros hacia Estados Unidos, tienen antecedentes de ciudadanos que exceden la duración de sus visas y se rehúsan a aceptar el regreso de sus nacionales. Sin embargo, las restricciones afectan abrumadoramente a poblaciones vulnerables que buscan refugio en Estados Unidos.
“Esta política no tiene que ver con la seguridad nacional, sino con sembrar división y vilipendiar a comunidades que buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos”, afirmó Abby Maxman, presidenta de Oxfam América, organización dedicada a combatir la pobreza y la desigualdad global.
La prohibición contempla ciertas excepciones. Por ejemplo, los afganos aún podrán solicitar visas especiales destinadas a quienes colaboraron con el gobierno o el ejército estadounidense como traductores u otros roles antes del retiro en 2021. También están exentos los residentes legales permanentes en Estados Unidos, así como los atletas y sus equipos que viajen para eventos deportivos importantes. Las adopciones de niños procedentes de los países afectados también serán permitidas.
Durante su primer mandato, Trump impuso una serie de prohibiciones de viaje principalmente a países de mayoría musulmana, algunas de las cuales fueron anuladas por la justicia. El expresidente Joe Biden revocó esas restricciones al asumir el cargo, calificándolas como “una mancha en la conciencia nacional”.
Hashmat, un periodista afgano, había recibido una visa para viajar a Estados Unidos tras pasar un mes preso bajo el régimen talibán por su labor informativa. Actualmente está escondido. La nueva prohibición, que parece aplicarse a su tipo de visa, lo dejó sin esperanzas, contó Hashmat, quien utiliza solo su nombre de pila.
“Dediqué 14 años de mi vida a trabajar en medios respetados promoviendo la democracia, la libertad de expresión y los valores globales —valores que creía que Estados Unidos compartía—”, dijo. “Hoy sufro por haber defendido esos mismos valores”.
Algunos de los países afectados por la reciente orden de Trump reaccionaron de inmediato, prometiendo abordar los problemas señalados. Según la proclamación, Somalia fue incluida porque carece de una autoridad central capaz de verificar adecuadamente a los viajeros y porque representa un “refugio seguro para terroristas”.
“Somalia valora su histórica relación con Estados Unidos y está dispuesta a entablar un diálogo para abordar las preocupaciones planteadas”, declaró en un comunicado Dahir Hassan Abdi, embajador somalí en Estados Unidos.
Myanmar entró en una guerra civil abierta hace cuatro años, tras el golpe militar que derrocó a un gobierno electo. Redes criminales en las regiones fronterizas, mal gobernadas, han financiado sus operaciones y saturado el mercado global con drogas sintéticas, estafas digitales y minerales de procedencia dudosa. Aun así, hay pocas pruebas de que Myanmar exporte terrorismo, y mucho menos hacia Estados Unidos.
La mayoría de los inmigrantes de Myanmar llegaron a Estados Unidos como refugiados que huían de la persecución. Las principales olas migratorias desde ese país coincidieron con momentos de represión política, como las protestas democráticas de 1988 y 2007.
En tiempos recientes, más de 3,5 millones de personas —de una población de unos 55 millones— han sido desplazadas de sus hogares por la guerra civil. Millones más buscaron refugio en el extranjero, principalmente en Tailandia y Bangladesh.
Desde julio pasado, un programa de reasentamiento había comenzado a trasladar a refugiados de Myanmar desde campamentos en Tailandia hacia Estados Unidos. Sin embargo, el programa quedó prácticamente suspendido tras la segunda investidura de Trump. La ayuda estadounidense para refugiados de Myanmar en Tailandia y Bangladesh también fue recortada; según los médicos, sin acceso a atención médica, han muerto bebés y ancianos.
Entre 2005 y 2015, unos 100.000 refugiados de campamentos tailandeses fueron reasentados en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, según la agencia de la ONU para los refugiados.
Myanmar es hoy una nación fracturada. La mayor parte del territorio central está controlado por la junta militar, mientras que grupos étnicos armados y fuerzas prodemocráticas han tomado zonas periféricas. Los bombardeos del ejército han destruido cientos de aldeas. Miles de personas han sido encarceladas y torturadas por oponerse al régimen militar y reclamar democracia.
Desde el golpe de 2021, Estados Unidos impuso sanciones a altos funcionarios de la junta y a empresarios que los respaldan. Pero algunos críticos sostienen que las medidas de Washington carecen de fuerza suficiente.
Ma Mya Thiri Lwin, de 24 años, había sido aceptada en una universidad de Minnesota para estudiar informática desde agosto. Como parte de un boicot estudiantil masivo a las instituciones gubernamentales, no había asistido a la universidad en Myanmar. Ahora, cuenta, sus sueños de trabajar algún día en Silicon Valley se han desvanecido.
“Parece que Myanmar está maldito”, dijo al enterarse de que la prohibición de Trump incluía a su país. “Incluso Estados Unidos, que se dice defensor de los derechos humanos, nos ha dado la espalda a los que somos pobres, oprimidos y estamos en riesgo”.